Aumentan las protestas sociales en Haití. EFE

HAITI

/REFORMA

Una economía en bancarrota y una cuarta parte de los ciudadanos en pobreza extrema es el panorama que enfrenta Haití, el país más pobre de América y que este domingo conmemora los 10 años del terremoto que cobró la vida de 316 mil personas.

Por 18 meses, miles de personas han salido a las calles de la isla a protestar contra la desigualdad social y económica que ha privado de los servicios más básicos a la mayoría de la población, así como contra los escándalos de corrupción que han salpicado al Presidente Jovenel Moïse.

"Los haitianos protestan por varias cosas: quieren mejores condiciones de vida, quieren ser mejor gobernados, protestan contra la corrupción y contra un cambio de sistema donde haya menos desigualdades", señaló en entrevista con REFORMA Robens Andrecy, economista agrónomo haitiano.

"(Los manifestantes son) en su mayoría jóvenes y estructuras de la sociedad civil que están cansados de vivir en un país en el que el Estado y las instituciones están actuando en contra de su bienestar, donde los funcionarios del Gobierno están corrompidos", agrega, por su parte, Vélina Charlier, miembro de la organización Nou Pap Dòmi en la isla.

La activista explicó que en Haití, además de la economía en quiebra, y los altos índices de pobreza extrema y desempleo, 6 millones de personas viven con apenas dos dólares por día.

"Las condiciones de vida son desastrosas. La mayoría de la población no tiene acceso a las necesidades básicas de agua, vivienda, electricidad, hospitales y escuelas y el Gobierno ha fallado en proporcionar estos servicios, mientras que los funcionarios están dilapidando los fondos públicos y enriqueciéndose cada día más", enfatizó.

De acuerdo con Andrecy, las movilizaciones se agravaron desde julio de 2018, cuando el Gobierno adquirió un compromiso económico con el Fondo Monetario Internacional, que terminó de pegar al bolsillo de las clases más pobres.

Dicho compromiso llevó al alza de un aumento del 50 por ciento a la gasolina, lo que provocó el estallido social en las calles, entre bloqueos, marchas y saqueos, que incluso desembocó en la renuncia del Primer Ministro.

Meses después, una investigación encontró diversas irregularidades sobre el uso que se le dio al fondo de Petrocaribe, una estratégica alianza con Venezuela que consistía en que el país sudamericano prestara petróleo a la nación caribeña con el fin de que el dinero ahorrado fuera invertido en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales.

Sin embargo, hasta ahora, no se ha logrado comprobar el destino de parte de ese dinero (dos mil millones de dólares, equivalente a casi una cuarta parte de la economía de Haití en 2017), lo que volvió a levantar las protestas desde octubre, pues los contribuyentes haitianos deben miles de millones de dólares a Venezuela por el crudo prestado.

En este caso, por el que salieron señalados como responsables 14 ex funcionarios del Gobierno del ex Presidente Michel Martelly (2011-2016), quien impulsó la carrera política de Moïse, se vio involucrada una de las empresas del Mandatario en funciones, lo que llevó a los manifestantes a reclamar su renuncia.

"Exigimos la rendición de cuentas del Gobierno, exigimos el juicio de Petrocaribe para que todos los involucrados en la malversación sean castigados y, en consecuencia, envíen esta señal de impunidad para el futuro de nuestra democracia", destacó Charlier.

A la par, organizaciones han acusado que una brutal represión contra los manifestantes ha dejado decenas de víctimas fatales y cientos de heridos y detenidos.

La Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) informó que, desde julio de 2018 hasta la fecha, al menos 187 manifestantes han sido asesinados durante las protestas, y al menos 42 han recibido disparos "en el estilo de ejecución de la cabeza".

Aunque en las últimas semanas se ha mantenido una tensa tregua en las principales ciudades, en los barrios populares aún continúan algunas movilizaciones y disturbios, como es el caso de la comuna de Gonaïves, donde el pasado día 1 el Presidente canceló oficialmente su participación en la celebración del 216 aniversario de la independencia nacional.

Pese al convulso escenario, Moïse, quien ha llamado al diálogo, insiste en mantenerse en su puesto, e incluso ha puesto sobre la mesa el reformar la Constitución, entre otras cosas.

Sin embargo, ante las acusaciones de corrupción en su contra, los haitianos han desacreditado dicho llamado. "Además, la demanda de la población es un cambio sistémico, una democracia transparente y el fin del apartheid social y económico", concluyó la activista de Nou Pap Dòmi, un grupo de ciudadanos que desde hace más de un año lidera un movimiento pacífico para pedir la responsabilidad en el caso Petrocaribe.