Polariza CICIG a Guatemala

GUATEMALA
/REFORMA
Guatemala está dividida en dos bandos: los que están a favor de la decisión del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de no renovar otro periodo de trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y los que la condenan.

La CICIG fue creada mediante un acuerdo entre la ONU y el Gobierno, que fue eliminado de manera abrupta por el Mandatario.

La medida provocó que cientos de guatemaltecos salieran a las calles para exigir el regreso de la comisión, así como críticas internacionales que defendían las acciones e investigaciones de la misión anticorrupción.

"El salto que dimos en el combate a la impunidad y la corrupción junto a la profesionalización del Ministerio Público nos permitió a muchos guatemaltecos tener la posibilidad de volver a construir una nación", Fernando Barillas, el ex vocero del Ejecutivo del ex Presidente Alvaro Colom.

Por el contrario, Morales rechaza el trabajo del órgano por considerar que se extralimitaba en sus funciones, un argumento que apoyan los partidarios del Presidente.

"(La CICIG) se dedicó a buscar personas selectivamente y a inmiscuirse en la política partidaria", dijo a REFORMA Víctor Cruz, un simpatizante del Gobierno del departamento de Escuintla, al sur del país.

"Hubo sesgos en sus investigaciones y se abusó de la prisión preventiva porque nunca presentó sustento legal para condenar a alguien, no se les ha dado oportunidad de defensa a los acusados", añadió.

Asimismo, aseguró que, en las cortes, los funcionarios de la ONU presionaban a los jueces para que emitieran veredictos de culpabilidad amenazando a todas las instituciones públicas y privadas con investigarlos y meterlos presos.

Por el contrario, Barillas piensa que Morales quiere expulsar a la CICIG para asegurar su impunidad de manera indefinida para él y su familia, después de que los funcionarios de la ONU vincularan al hermano y a uno de los hijos del Mandatario con un caso de corrupción.

Por su parte, el analista Eduardo Fernández Luiña señaló que la decisión de Morales enrareció el ambiente político en el país y polarizó a la sociedad de una manera peligrosa.

"La CICIG generaba el músculo político que las entidades nacionales dedicadas a luchar contra la corrupción no poseían", afirmó para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.