Castigarán venta de ''mini litros'' de gasolina

Por unanimidad, la Comisión de Justicia del Senado aprobó el proyecto de una nueva ley de hidrocarburos que penaliza, con hasta 60 años de prisión, el robo y comercio ilícito de petrolíferos, tipifica el sabotaje a instalaciones petroleras, y castiga con la pérdida de la concesión a los permisionarios que vendan litros incompletos de gasolina.

Considera el marco jurídico derivado de la reforma energética que abre el mercado de la industria petrolera y tipifica el delito de terrorismo en materia de hidrocarburos, que consiste en realizar intencionadamente y por medios violentos, actos en el sector que produzcan alarma, temor, terror en la población, con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional o las actividades estratégicas energéticas.

El terrorismo en la industria de hidrocarburos se castigará con 40 y hasta 60 años de prisión y multa de 65 mil hasta 75 mil salarios mínimos.

Para quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de violencia al personal del sector petrolero para la comisión de delitos contra la industria se le sancionará con 40 y hasta 50 años de prisión y multas de 65 mil y hasta 70 mil días de salario mínimo.
Por primera vez se tipifica como delito grave el robo de combustible y el infractor no alcanza fianza.
Sabotaje

El tema pasó al pleno para su votación la próxima semana, y será enviada, de inmediato, a la Cámara de Diputados, luego de que logró el apoyo de la izquierda al incluirse la precisión de que en torno de instalaciones petroleras “en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”.

La propuesta original de Omar Fayad (PRI) plantea que en 2000 se habían descubierto 155 tomas clandestinas de robo de hidrocarburos y sus derivados, y el número se ha incrementado hasta mil 963 en los primeros siete meses de 2014.

Fayad dijo que el mercado ilícito de combustibles, en 2011, ascendió a 23 mil 900 millones de pesos, y en 2012 subió a 33 mil 200 millones de pesos, en tanto que de septiembre de 2013 a agosto de 2014 las pérdidas sumaron 15 mil 300 millones de pesos.

Con el fin de frenar el comercio ilícito de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, la nueva ley establece que se sancionará a quien compre, enajene, reciba o negocie dichos productos con conocimiento de su origen.

De esta forma la cadena delictiva puede ser castigada por la ley.
Al fraude al consumidor al cargar el tanque de gasolina o de diésel de su vehículo también será sancionado cuando se entregue “una cantidad inferior, desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición del expendio”.

En el caso de gas LP se castigará la entrega inferior desde 3% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición.
En las sanciones aplicables a estos delitos, el proyecto contempla que el establecimiento por ley suspenda actividades, la cancelación de la franquicia, concesión, permiso, asignaciones o contratos, así como la disolución y liquidación de la sociedad.

A las pérdidas económicas del robo se agrega el riesgo al que se expone a la población de las inmediaciones de las tomas clandestinas que “ordeñan” los ductos, dijo, y refirió la explosión de Texmelucan, Puebla, en 2010, donde murieron 30 personas.

En fugas de petrolíferos, que ocasionan daños al ambiente, se fijan castigos de entre 20 a 30 años de prisión y multas de 35 mil a 50 mil días de salario mínimo a quien cause la destrucción de flora, fauna, calidad del agua, al suelo y subsuelo.

Si la contaminación afecta un área natural protegida la pena de prisión de incrementará la mitad.