La Asamblea Nacional de Venezuela (AN-Parlamento) sancionó hoy la "Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes" en la que se establecen penas de hasta 25 años de cárcel a los victimarios, especialmente a los funcionarios públicos.
La ley, dice en su artículo 1, "tiene como finalidad desarrollar el mandato constitucional en el marco internacional de los Derechos Humanos en materia de delitos tortura y otros tratos crueles y degradantes con el objeto de garantizar y proteger el derecho a la vida así como la integridad física, psíquica y moral" de la persona.
Entre otros aspectos, la norma de 32 artículos, aprobada por unanimidad en segunda discusión, señala que cuando los funcionarios públicos cometen actos de tortura contra personas que están bajo su custodia serán penalizados con cárcel.
Los cómplices de torturas o los que obstruyan la acción de los cuerpos de seguridad o de investigación para prevenir o investigar estos tratos también serán sancionados.
Asimismo, se indica que ninguna información obtenida bajo tortura será válida como prueba y será considerada "fraude a la ley".
Se señala, además, que los funcionarios públicos responsables de centros de detención donde se consigan instrumentos de torturas serán castigados con uno a cinco años de cárcel y multas por el equivalente a 8.500 dólares.