La administración del presidente Donald Trump ha contratado empresas privadas para localizar a migrantes deportados que, según afirma, adeudan al Gobierno de Estados Unidos más de 423 millones de dólares en multas impagadas. Foto: Reforma (archivo).

La administración del presidente Donald Trump ha contratado empresas privadas para localizar a migrantes deportados que, según afirma, adeudan al Gobierno de Estados Unidos más de 423 millones de dólares en multas impagadas.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se trata de más de 66 mil personas expulsadas del país. El mes pasado, la agencia adjudicó contratos por hasta 36 millones de dólares a cuatro compañías —Global Recovery Group, The Baptiste Group, Caduceus Inc. y Response AI Solutions— para rastrear a los migrantes en México, Honduras y Guatemala.

Estrategia punitiva

La medida amplía el alcance de la ofensiva migratoria de Trump, al extender las sanciones más allá de las fronteras estadounidenses.

Sin embargo, expertos advierten que el cobro podría ser difícil de ejecutar, pues no está claro si Washington tiene facultades legales para exigir pagos a personas ya deportadas ni si los gobiernos de la región colaborarían en el proceso.

Las multas, basadas en una disposición de la ley migratoria de 1996, pueden alcanzar cientos de miles de dólares e incluso superar el millón en casos de permanencia prolongada tras una orden de deportación.

Desde enero de 2025, el ICE ha impuesto más de 84 mil millones de dólares en sanciones civiles, aunque solo ha recaudado 1.2 millones.

Reacciones y críticas

Organizaciones humanitarias han reportado que deportados en México ya reciben notificaciones de cobro en sus domicilios, con advertencias de que las deudas podrían afectar futuros trámites migratorios.

El abogado especializado en inmigración David Leopold calificó la iniciativa como “innecesariamente punitiva” y un intento de “aterrorizar a la gente sin motivo”.