REDACCION

Ciudad de México.- El aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque atracado en el puerto de Altamira, Tamaulipas, permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) avanzar en la investigación de una presunta red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocida como “huachicol fiscal”.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reveló que el decomiso no representó el final de las investigaciones, sino el punto de partida para descubrir una estructura que, presuntamente, habría operado mediante una compleja red de complicidades en aduanas, empresas legalmente constituidas y compañías fachada.

De acuerdo con la funcionaria, la investigación se originó en 2024, luego de que el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, presentara ante el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero información sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.

La FGR identificó como figuras relevantes de la presunta organización a Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”, quienes supuestamente tenían participación en las operaciones destinadas a garantizar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del combustible que ingresaba ilegalmente al país.

Según los datos de prueba presentados por la Fiscalía y que actualmente son valorados por el Poder Judicial, los señalados y sus presuntos cómplices habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.

La Fiscalía informó que durante un cateo realizado en una bodega presuntamente arrendada por Manuel Roberto “N” en la Ciudad de México fueron localizados objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial, además de armas sin el registro correspondiente.

Así operaba presuntamente la red

Godoy Ramos explicó que los buques utilizados por la organización zarpaban principalmente desde Texas con cargamentos de hidrocarburo que eran declarados como aceite o aditivo, presuntamente con el objetivo de modificar su tratamiento fiscal.

Una vez que las embarcaciones llegaban a territorio mexicano, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos recibían pagos para permitir el ingreso de los cargamentos.

Las inspecciones, de acuerdo con la investigación, habrían sido simuladas mediante muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y otras maniobras destinadas a permitir que el combustible fuera liberado sin una revisión adecuada.

Incluso, la estructura habría establecido calendarios para los arribos de las embarcaciones y presuntamente desactivaba cámaras de vigilancia para impedir que quedaran registros de las descargas.

Una vez en tierra, el combustible era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras que una red de empresas fachada y triangulaciones financieras presuntamente se encargaba de dar apariencia legítima a los recursos obtenidos por la venta del hidrocarburo.

La FGR describió el esquema como un ciclo que involucraba buques cargados, registros manipulados, personal aduanal presuntamente coludido, revisiones simuladas y lavado de dinero.

Investigación alcanza a cinco entidades

Las indagatorias permitieron identificar operaciones presuntamente relacionadas con esta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

La Fiscalía continúa siguiendo el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces que habrían participado en las diferentes etapas de la cadena de contrabando, además de reunir elementos para determinar las responsabilidades individuales.

La fiscal general advirtió que el contrabando de hidrocarburos representa no solamente una actividad ilegal, sino un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos públicos que deberían ser destinados al bienestar de la población.

Godoy Ramos también subrayó que las posibles conductas ilícitas de algunos servidores públicos no representan a las instituciones en su conjunto y destacó que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones.

“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado”, afirmó la fiscal, al señalar que quienes hayan utilizado un uniforme, un cargo público o una aduana para favorecer al crimen deberán responder ante la justicia.

La FGR aseguró que continuará con las investigaciones para desmantelar la estructura y determinar quiénes participaron en el presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.

“Donde haya impunidad habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”, sentenció Ernestina Godoy.