Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de evitar que estudiantes sean víctimas de instituciones que ofrecen servicios educativos sin autorización o de personas que expiden títulos y diplomas sin validez oficial, la Diputación Permanente aprobó por unanimidad dos iniciativas para endurecer las sanciones contra estas prácticas.

Durante la sesión, la diputada Francisca Castro Armenta dio lectura a las propuestas promovidas por la diputada Yuriria Iturbe Vázquez y el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, al considerar que ambas acciones legislativas buscan brindar mayor certeza y seguridad jurídica a la comunidad educativa.

“Resulta necesario establecer las condiciones penales que permitan brindar mayor certeza y seguridad jurídica en estos procesos”, señaló la legisladora.

Castigo para quienes expidan títulos sin validez

La iniciativa de la diputada Yuriria Iturbe Vázquez plantea reformar las fracciones XIX y XX y adicionar la fracción XXI al artículo 418 del Código Penal de Tamaulipas, con el propósito de incorporar como fraude la expedición, entrega u ofrecimiento de títulos, diplomas o grados académicos que no cuenten con la autenticación oficial correspondiente.

Con esta modificación se busca cerrar espacios a quienes lucran con la necesidad de estudiantes que buscan obtener una certificación académica y terminan recibiendo documentos que carecen de reconocimiento oficial.

Hasta ocho años de prisión

Por su parte, la propuesta del diputado Isidro Jesús Vargas Fernández contempla modificar el primer párrafo del artículo 189 Ter del Código Penal estatal para duplicar la pena de prisión, al pasar de cuatro a ocho años.

Asimismo, plantea incrementar la sanción económica de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes impartan servicios educativos sin autorización o sin reconocimiento de validez oficial.

La iniciativa establece además que la pena podrá aplicarse por cada institución educativa que opere bajo estas condiciones, elevando así la responsabilidad penal para quienes mantengan establecimientos educativos al margen de la normatividad.

La diputada Francisca Castro Armenta destacó que ambas propuestas cuentan con opiniones favorables de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, al considerar que contribuyen a fortalecer la respuesta penal y proteger tanto el patrimonio como la certeza jurídica de las y los estudiantes.

Con estas reformas, el Congreso de Tamaulipas busca poner un freno a los llamados servicios educativos irregulares y a la expedición de documentos académicos sin validez oficial, con sanciones más severas para quienes incurran en estas prácticas.

Finalmente, la presidenta de la Diputación Permanente, diputada Lucero Deosdady Martínez López, citó a sesión para el próximo lunes 7 de septiembre, a las 11:00 horas.