Estados Unidos, 17 de agosto de 2026.– El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) analiza ofrecer un seguro de responsabilidad civil a policías estatales y locales que colaboran con autoridades migratorias en arrestos y otras tareas de aplicación de las leyes federales de inmigración.

La propuesta, incluida en un documento de planificación divulgado el viernes, contempla subsidiar un seguro para agentes capacitados y autorizados mediante los acuerdos conocidos como 287(g), establecidos a partir de una disposición de la ley de inmigración de 1996 que permite a corporaciones policiales locales colaborar con el Gobierno federal.

De acuerdo con el plan, los agentes podrían contar con una cobertura de hasta 500 mil dólares por responsabilidad personal, destinada principalmente a cubrir honorarios legales, acuerdos extrajudiciales y sentencias.

ICE plantea reembolsar a cada agente hasta 250 dólares anuales, monto que se estima tendría el costo de la póliza.

La iniciativa busca eliminar uno de los obstáculos que ha generado preocupación entre departamentos policiales locales interesados en participar en las operaciones migratorias: el riesgo de enfrentar demandas y gastos legales por presuntos abusos o irregularidades.

El documento señala que ICE evalúa contratar a una empresa que se encargue de las labores de difusión, capacitación y comunicación con las agencias participantes, además de contratar al proveedor del seguro y gestionar los reembolsos.

La agencia solicitó comentarios al sector antes del jueves, aunque todavía no existe un calendario definido para poner en marcha el programa ni una estimación sobre su costo total.

ICE no emitió comentarios sobre la propuesta.

Crecen las alianzas con policías locales

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, las asociaciones entre ICE y corporaciones policiales locales se han incrementado, acompañadas de incentivos económicos para las agencias participantes.

Según datos de ICE, cerca de mil 600 agencias de 32 estados cuentan actualmente con acuerdos bajo el modelo de grupos de trabajo, mediante los cuales agentes locales capacitados pueden interrogar, detener y presentar cargos contra personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en Estados Unidos.

Las corporaciones también pueden recibir recursos federales para cubrir gastos relacionados con la participación de sus agentes, como salarios, equipo y vehículos.

Florida, Texas, Oklahoma y Georgia se encuentran entre los estados donde la iniciativa ha tenido mayor impulso.

Los arrestos efectuados mediante estos programas aumentaron a un promedio de 3 mil al mes durante los dos primeros meses de 2026, de acuerdo con los datos más recientes de ICE proporcionados al Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley.

La cifra contrasta con un promedio mensual de aproximadamente 250 arrestos en 2024, durante la administración del presidente Joe Biden.

Preocupa responsabilidad por posibles abusos

Uno de los principales cuestionamientos al programa es la posibilidad de que el seguro reduzca la responsabilidad personal de los agentes ante denuncias por uso excesivo de la fuerza, arrestos indebidos o registros e incautaciones ilegales.

David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, criticó la propuesta y consideró que podría contribuir a que los policías eviten asumir consecuencias personales por posibles violaciones a los derechos de los ciudadanos.

A su vez, corporaciones policiales que participan en los acuerdos han manifestado preocupación porque sus pólizas habituales podrían no cubrir las actividades de aplicación de las leyes migratorias.

El caso de Pensilvania es uno de los ejemplos citados. El fondo de riesgos estatal determinó recientemente que excluiría de su cobertura las actividades proactivas relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración, obligando a varios condados participantes a buscar seguros adicionales.

En el condado de Butler, el jefe policial Michael Slupe señaló que consiguió una póliza para los 13 agentes que participan en el programa, con un costo anual de alrededor de 20 mil dólares, gasto que, según indicó, sería cubierto con recursos federales.

Buscan mayor respaldo para los agentes

Justin Smith, exjefe policial de Colorado y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jefes Policiales, consideró prometedora la propuesta de ICE y señaló que existe preocupación entre algunos mandos policiales por las posibles consecuencias legales de participar en operaciones migratorias.

Los agentes federales cuentan habitualmente con determinadas inmunidades legales y pueden recibir defensa financiada por el Gobierno cuando enfrentan demandas.

Sin embargo, esas protecciones no necesariamente se extienden a los policías locales que colaboran con ICE.

Los acuerdos 287(g) establecen que las agencias locales son responsables de los costos derivados de incidentes que generen responsabilidad legal. No obstante, ICE sostiene que los agentes que realizan funciones autorizadas actúan bajo la apariencia de autoridad federal, un argumento que podría utilizarse para impedir demandas individuales en determinadas circunstancias.

Los convenios también contemplan que los policías locales demandados civilmente puedan solicitar representación del Departamento de Justicia, aunque la decisión final sobre proporcionar esa defensa corresponde a la dependencia federal.

La nueva propuesta de seguro busca, en ese contexto, brindar una protección adicional a los agentes locales mientras continúa la expansión de las operaciones migratorias impulsadas por la administración Trump.