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La batalla legal emprendida por cuatro hermanos de la familia Cascio contra el patrimonio del “Rey del Pop” sale de los tribunales públicos y continuará bajo un proceso confidencial.
Un tribunal federal de California dio un giro inesperado al caso que involucra al patrimonio de Michael Jackson, luego de desestimar la demanda presentada por cuatro integrantes de la familia Cascio, quienes acusaron al fallecido cantante de haberlos abusado sexualmente durante su infancia.
El juez Hernán D. Vera determinó que las acusaciones deberán resolverse mediante arbitraje privado, debido a una cláusula incluida en un acuerdo alcanzado entre la familia y el patrimonio de Jackson en 2019.
De acuerdo con el fallo, dicha disposición obliga a que las disputas relacionadas con aquel convenio sean tratadas fuera de los tribunales públicos.
Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio habían presentado una demanda en la que aseguraban que Jackson los manipuló y abusó sexualmente de ellos durante varios años, cuando eran menores de edad.
La familia, que en el pasado se describió como cercana al cantante, sostiene ahora que aquellos hechos ocurrieron durante su convivencia con el artista.
El juez reconoció la gravedad de las acusaciones, pero señaló que la existencia de la cláusula de arbitraje limitaba su capacidad para permitir que el caso continuara en un juicio público.
La resolución representa un revés para los hermanos Cascio, quienes buscaban llevar sus acusaciones ante un jurado. Su abogado, Howard King, expresó su decepción por la decisión y cuestionó que sea un árbitro privado quien determine si el acuerdo firmado anteriormente debe mantenerse.
Por su parte, el patrimonio de Michael Jackson ha negado las acusaciones y ha defendido la validez del acuerdo de 2019. Sus representantes también han señalado que los integrantes de la familia Cascio habían defendido públicamente al cantante durante años antes de presentar estas acusaciones.
Con esta decisión, el caso no queda resuelto en cuanto al fondo de las acusaciones: simplemente sale de la vía judicial pública y pasa a un procedimiento privado de arbitraje, donde se determinarán los siguientes pasos legales.
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