Ciudad de México (10 agosto 2026).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con las que se fortalece el marco regulatorio para prevenir y combatir el lavado de dinero en México.

Las disposiciones forman parte de la implementación de las reformas realizadas a la LFPIORPI en 2025 y a su Reglamento en 2026, y establecen criterios para la aplicación de las obligaciones que deben cumplir las personas y empresas que realizan Actividades Vulnerables.

De acuerdo con Hacienda, las nuevas reglas buscan brindar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de las disposiciones, además de precisar las obligaciones de los sujetos obligados y las atribuciones de las autoridades encargadas de su implementación, supervisión y verificación.

Uno de los principales cambios es la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Bajo este modelo, quienes realizan Actividades Vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos relacionados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas.

La finalidad es fortalecer la gestión de riesgos y facilitar la detección de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Las nuevas reglas también refuerzan las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas (PPE), así como los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos ante las autoridades correspondientes.

La SHCP también aplicará el Enfoque Basado en Riesgo en sus labores de supervisión y verificación, concentrando sus acciones en los sectores y actividades que presenten una mayor exposición a ser utilizados para el lavado de dinero.

Otro de los elementos incorporados es un modelo de cumplimiento proporcional, mediante el cual las obligaciones y las acciones de supervisión tomarán en cuenta el nivel de riesgo de cada Actividad Vulnerable.

Hacienda señaló que este esquema permitirá optimizar los recursos destinados a la prevención, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y facilitar que los controles se implementen de acuerdo con las características y riesgos particulares de cada sector.

La entrada en vigor de las nuevas disposiciones será gradual, con el objetivo de que los sujetos obligados puedan actualizar sus procesos internos y desarrollar las capacidades necesarias para cumplir con el nuevo marco regulatorio.

La dependencia destacó que esta transición busca garantizar una implementación ordenada y eficiente de las nuevas reglas.

Con estas medidas, la Secretaría de Hacienda refrendó su compromiso de fortalecer el sistema nacional de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El objetivo, indicó, es contribuir a proteger la integridad del sistema financiero mexicano y reforzar los mecanismos para prevenir y combatir el lavado de dinero.