La situación judicial del expresidente Evo Morales se complicó este miércoles, luego de que la Fiscalía emitiera una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, que paralizaron amplias zonas del país.

De acuerdo con la investigación, Morales habría instigado las protestas impulsadas por sus seguidores, movilizaciones que provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.

Las autoridades atribuyen también a esos bloqueos al menos 16 muertes.

Por estos hechos, se le imputan delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, atentado contra los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra los servicios públicos.

La orden se suma a la emitida en mayo por un tribunal de Tarija, cuando Morales fue declarado en rebeldía tras no presentarse al inicio de un juicio por presunta trata agravada de personas.

Ese caso se originó por acusaciones de que habría mantenido una relación con una adolescente durante su mandato. La defensa del exmandatario niega los señalamientos y asegura que se trata de un proceso con motivaciones políticas.

Desde entonces, Morales permanece en la región cocalera del Chapare, su bastión político y sindical, donde cuenta con la protección de sus seguidores, lo que ha dificultado el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.

El exgobernante rechazó también la nueva acusación relacionada con los bloqueos, afirmando que nunca buscó derrocar al Gobierno, sino respaldar protestas sociales.

Las acciones judiciales profundizan la presión sobre Morales, quien enfrenta múltiples procesos mientras mantiene su pugna política con el Gobierno boliviano y con sectores del oficialismo que se han distanciado de su liderazgo.