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Dictan prisión preventiva a Ernesto “N” y otros siete por presunto huachicol fiscal

Tras más de un día de audiencia, un juez impuso medidas cautelares a los imputados por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando; la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.
domingo, 19 de julio de 2026
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, luego de más de un día de audiencia, un juez federal dictó prisión preventiva contra Ernesto “N” y otros siete presuntos integrantes de una red dedicada al denominado huachicol fiscal, investigados por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

De acuerdo con el comunicado, durante la audiencia inicial el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación.

La medida cautelar de prisión preventiva fue impuesta a Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 "Altiplano", en el Estado de México.

En tanto, José María “N” y Guillermo “N” continuarán el proceso en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Al concluir el debate, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica en los próximos días.

La FGR señaló que las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

Según la dependencia, el esquema investigado consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, reportando menores volúmenes o clasificando el producto como otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos.

La Fiscalía destacó que este tipo de prácticas representa una afectación económica para el país y constituye una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.

La FGR recordó que todas las personas mencionadas en el comunicado se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

 

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