Jorge Chávez Mijares
Locuras Cuerdas
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Uno de ellos es la llamada “Gestión Integral de Riesgos de Desastres”. A primera vista, el término suena lejano, casi reservado para actuarios, economistas, ingenieros y funcionarios acostumbrados a medir con números aquello que para el ciudadano común suele medirse con angustia, una inundación, un huracán, una sequía o un terremoto.
Sin embargo, detrás de ese concepto existe una pregunta profundamente humana: ¿qué hace un gobierno antes de que llegue la tragedia?
El pasado jueves 25 de junio, Tampico fue sede del Foro de “Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales en las Entidades Federativas”, realizado dentro de la “Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 2026” y organizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas.
No fue una actividad abierta al público. Se trató de un encuentro cerrado, dirigido principalmente a secretarios de Finanzas de las entidades federativas y a especialistas previamente invitados.
Quizá por eso mismo vale la pena detenerse en su importancia.
Mientras revisaba la información del foro, no pude evitar llevarme una grata sorpresa. No estábamos ante una reunión ornamental ni ante un acto protocolario más.
Los temas abordados pertenecen a una esfera de alta especialidad financiera, de esas que pocas veces llegan al ciudadano común, pero que terminan influyendo directamente en la capacidad de un gobierno para responder cuando la naturaleza decide poner a prueba a una comunidad entera.
Porque la “Gestión Integral de Riesgos” no consiste únicamente en saber qué hacer cuando ya llegó el huracán o cuando el agua entró a las casas.
Eso corresponde a la emergencia inmediata. La verdadera gestión del riesgo comienza mucho antes, cuando alguien se pregunta de dónde saldrá el dinero para reconstruir escuelas, hospitales, carreteras, puentes, sistemas de agua potable, viviendas y servicios públicos.
El primer tema del foro fue la “Estrategia Integral de Gestión Financiera de Riesgos de Desastres del Gobierno de México”, a cargo del maestro Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social.
En términos sencillos, se trata de evitar que un desastre natural se convierta también en un desastre presupuestal.
El segundo tema fue desarrollado por el Actuario José Sergio Martínez Santana, coordinador de Seguros y Fianzas de la misma unidad. Su participación abordó los mecanismos de aseguramiento, una herramienta esencial para que los gobiernos puedan proteger parte de su patrimonio público.
Así como una familia asegura su casa o su automóvil, también un estado moderno debe preguntarse qué parte de su infraestructura puede y debe estar protegida antes de que ocurra una tragedia.
Después participó Ginés Suárez Vázquez, especialista senior de Gestión de Riesgos de Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo, con el tema “Herramientas para reducir pasivos contingentes por desastres”.
Dicho en lenguaje ciudadano, habló de cómo reducir esas deudas inesperadas que aparecen de golpe cuando un fenómeno natural destruye infraestructura pública y obliga a gastar, de un día para otro, recursos que no estaban previstos.
Esto es temas de primer mundo.
Uno de los conceptos más interesantes fue el presentado por el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, con el tema Triple Dividendo.
La idea es verdaderamente poderosa, invertir en prevención produce tres beneficios simultáneos. Salva vidas, reduce pérdidas económicas y genera confianza para atraer inversión y desarrollo.
En otras palabras, prevenir no solo es más humano; también es más inteligente y más barato que reconstruir. Que idea tan maravillosa.
El licenciado Manuel Agustín Calderón de las Heras, director general de AGROASEMEX, S.A., expuso el tema Servicios de aseguramiento para las entidades federativas, mientras que la licenciada Citlali Martínez Occipinti, directora de Presupuesto "A" en la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, presentó las Propuestas de modificaciones al artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Más adelante, el actuario Carlos Imar Jiménez Palacios, titular de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), abordó la Participación del sector privado en los instrumentos de aseguramiento.
Su tema recordó algo elemental, ningún gobierno puede cargar solo con el costo económico de un desastre mayor. Por eso existen mecanismos para compartir el riesgo entre el sector público, las aseguradoras, los mercados financieros y los organismos especializados.
La jornada cerró con la Relatoría ejecutiva del día, a cargo del doctor Alejandro Uscanga Villalba, director especial de Atención a los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
Finalmente, la clausura estuvo a cargo del anfitrión, el licenciado Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas del Estado de Tamaulipas.
Sesudo lector, visto así, el foro celebrado en Tampico no fue una simple reunión de funcionarios. Fue una conversación técnica sobre el futuro.
Una conversación sobre cómo deben prepararse las entidades federativas para enfrentar fenómenos que no piden permiso, no respetan calendarios políticos y no esperan a que los presupuestos estén listos.
Mientras leía los títulos de las ponencias y los perfiles de quienes participaron, inevitablemente venían a la memoria imágenes de Acapulco después del huracán Otis, de Monterrey tras el paso del huracán Alex, de la Ciudad de México después de los sismos de 1985 y 2017 o del Cancún devastado por Wilma.
Entonces se entiende que los seguros catastróficos, las reservas presupuestales, los pasivos contingentes y los instrumentos de transferencia de riesgos no son ejercicios teóricos.
Son la diferencia entre reconstruir una región en meses o condenarla durante años a una lenta recuperación. Eso es, en buena medida, planeación de primer mundo.
No porque elimine los desastres, sino porque evita que la improvisación sea el primer recurso disponible. Los países y los estados que piensan con seriedad no esperan a que el viento arranque techos o a que el agua cubra las avenidas para empezar a buscar dinero.
Diseñan fondos, seguros, reglas fiscales, mapas de riesgo, modelos actuariales y mecanismos de respuesta antes de que el desastre toque la puerta.
En ese contexto, la presencia de Tamaulipas como sede de una reunión nacional de esta naturaleza también tiene una lectura institucional. El gobernador Américo Villarreal Anaya ha buscado colocar al estado en espacios de coordinación hacendaria donde se discuten temas de fondo, y este foro forma parte de esa lógica.
No se trata de aplaudir por aplaudir, sino de reconocer que abrirle paso a este tipo de encuentros especializados ayuda a ubicar a Tamaulipas dentro de conversaciones nacionales que normalmente ocurren lejos de la mirada pública.
Con frecuencia pensamos que gobernar consiste únicamente en construir obras visibles. Y sí, las obras importan. Pero también existe otra dimensión, menos fotogénica y quizá más difícil de explicar, preparar las finanzas públicas para resistir aquello que nadie desea vivir.
Porque un huracán puede derribar postes, hoteles y viviendas. Un terremoto puede partir edificios y calles. Una inundación puede arrasar colonias enteras.
Pero cuando un estado no está preparado financieramente, el desastre no termina cuando baja el agua o se apaga el viento. El desastre continúa en los presupuestos, en las deudas, en las escuelas que tardan años en reconstruirse, en los hospitales que operan a medias y en las familias que esperan soluciones que nunca llegan a tiempo.
Por eso conviene poner atención a estos encuentros aparentemente áridos. Porque detrás de cada término técnico hay una consecuencia humana.
Detrás de cada seguro hay una escuela que podría reconstruirse. Detrás de cada reserva presupuestal hay una carretera que podría volver a funcionar.
Detrás de cada estrategia de prevención hay una comunidad que podría ponerse de pie con mayor rapidez.
Querido y dilecto lector, al final, la Gestión Integral de Riesgos de Desastres puede resumirse de una manera sencilla: Es la decisión de combatir el desastre antes de que exista.
Y en un país como México, donde la naturaleza nos recuerda cada cierto tiempo su fuerza, esa decisión no es un lujo técnico, es una obligación moral.
El tiempo hablará.
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