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La medida fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como parte de la estrategia de presión económica hacia La Habana.
Con esta decisión, CUPET queda impedida de realizar operaciones financieras o comerciales en territorio estadounidense. Rubio acusó a la compañía de utilizar la energía como herramienta de represión y de favorecer a las fuerzas militares e instituciones de inteligencia del régimen.
“El gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia en beneficio propio”, señaló en un comunicado.
La sanción implica la inclusión de CUPET en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Desde Cuba, la reacción fue inmediata: el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Osar Pérez-Oliva Fraga, calificó la medida como un “cerco energético” y un “genocidio contra el pueblo cubano”.
Rubio también acusó a la empresa de revender petróleo en mercados secundarios y de racionar la energía como mecanismo de control social.
Estas acciones se enmarcan en el endurecimiento de las políticas de Washington hacia la isla desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, bajo el argumento de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional.
La isla caribeña, sometida a un embargo comercial desde 1962, produce apenas el 40% del petróleo que consume. El resto depende de importaciones, prácticamente paralizadas desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, con la excepción de un reciente envío ruso.
La crisis energética ha provocado apagones prolongados y un déficit récord en la generación eléctrica.
CUPET, fundada en 1992 tras las expropiaciones de la revolución de 1959, administra activos que, según Rubio, fueron confiscados ilegalmente a propietarios estadounidenses.
La medida se suma a un escenario de creciente tensión y a uno de los momentos más críticos para el sistema energético cubano.
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