Keiko Fujimori obtuvo en la primera vuelta el 17.1% de los votos. Foto: Reforma.

LIMA, Perú, 6 jun.- Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán mañana la segunda vuelta presidencial en Perú, un balotaje marcado por la polarización y la disputa entre derecha e izquierda, en un país que acumula la caída y renuncia de al menos ocho Mandatarios en menos de 10 años.

Keiko Fujimori, otra contienda

En medio de un escenario político marcado por una profunda polarización, la candidata presidencial del partido conservador Fuerza Popular, Keiko Fujimori, buscará consolidar su liderazgo como Presidente de Perú.

A sus 50 años de edad, la reconocida política busca por cuarta vez intentar alcanzar el máximo cargo gubernamental de la nación andina, tras haber sido superada por estrechos márgenes en las segundas vueltas correspondientes a los procesos electorales de los años 2011, 2016 y 2021.

Hija mayor del fallecido ex Mandatario Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 al 2000, completó sus estudios profesionales en Administración de Empresas en territorio estadounidense y obtuvo un grado de maestría en la Columbia Business School de la Universidad de Columbia.

Comenzó su trayectoria pública de manera oficial durante la década de 1990, cuando asumió las funciones protocolares de primera dama de la República, y después logró desempeñarse como congresista por Lima Metropolitana entre los años 2006 y 2011.

Fujimori lidera desde el año 2010 la organización política Fuerza Popular, con la que ha logrado construir una sólida estructura partidaria a nivel nacional que ha posicionado a la agrupación como uno de los bloques legislativos más influyentes del Congreso peruano.

La candidata derechista ha afrontado diversas investigaciones, aunque el Poder Judicial ordenó a inicios del presente año el archivo definitivo del caso Cócteles -una pesquisa contra la candidata por lavado de activos y organización criminal- por lo que registra en la actualidad una postulación oficial sin ninguna sentencia condenatoria firme.

De cara al balotaje, bajo la consigna de Gobierno denominada "Perú con Orden", Fuerza Popular fundamenta una propuesta técnica para el periodo 2026-2031 basada en tres pilares que busca atender los aspectos social, económico y de seguridad.

En materia de seguridad ciudadana, Fujimori propone ejecutar un exhaustivo plan de pacificación nacional enfocado en la reconstrucción de dependencias policiales, implementación de videovigilancia, patrullaje motorizado preventivo y el despliegue permanente de tecnología de drones.

Esa propuesta operativa contempla el resguardo militar continuo dentro de las unidades de transporte público metropolitano para combatir las mafias dedicadas a la extorsión, además de disponer que las Fuerzas Armadas asuman de forma estricta el control total de las fronteras nacionales.

En el ámbito económico, la candidata presidencial proyecta elevar la actual tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) peruano desde un promedio del tres por ciento actual a un seis por ciento al término de un eventual mandato.

La postulante presidencial insiste en que la pobreza se reduce con empleo y estabilidad, y argumenta que las propuestas de su contrincante político, Roberto Sánchez, van en sentido contrario al presuntamente buscar "prohibir" las agroexportaciones, frenar la minería y limitar la entrada de insumos básicos.

Roberto Sánchez, voz de los pobres

Roberto Sánchez, candidato izquierdista por el partido Juntos por el Perú, busca alcanzar la jefatura del Estado tras obtener el segundo lugar en la primera vuelta de los comicios generales de abril, con algo más del 12 por ciento de los votos, suficientes para superar por estrecho margen a sus más cercanos competidores.

El aspirante cursó estudios de Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima, capital del país, y se desempeñó en el ámbito de la psicoterapia individual y grupal antes de incursionar en política.

Durante el Gobierno del ex Presidente Pedro Castillo, quien gobernó de 2021 a 2022, fue Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Sánchez estructuró su campaña en torno a la defensa del legado político del destituido y encarcelado Castillo, en la que destacan símbolos característicos del ex Mandatario, como el uso de sombrero, durante sus actividades proselitistas.

También se presenta como el candidato del "cambio radical" para las regiones pobres y rurales.

Aunque en primera vuelta propuso reformas estatales radicales, de cara al balotaje Sánchez muestra un perfil moderado, con la incorporación como asesor del economista y ex Ministro Pedro Francke, de orientación tecnocrática, con el propósito de generar certidumbre institucional.

Su equipo técnico ha reiterado su compromiso de respetar los contratos de explotación minera vigentes y mantener la estabilidad financiera, lo que descarta medidas vinculadas a la expropiación de activos o la afectación del ahorro privado.

Plantea, igualmente, que garantizará la actual política monetaria del Estado y el respaldo a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, cuyo presidente, Julio Velarde, permanecerá en el cargo, de acuerdo con declaraciones del candidato.

No obstante, el programa político de segunda vuelta insiste en ejecutar una reforma constitucional con la finalidad de sustituir la Carta Magna de 1993, redactada durante el régimen del fallecido ex Presidente Alberto Fujimori.

El candidato de Juntos por el Perú propone también un incremento en el monto de la remuneración mínima vital, con el argumento de que resulta indispensable para mitigar los efectos de la inflación sobre los sectores más vulnerables.

En materia de seguridad, Sánchez plantea la derogación inmediata de aquellas normas legales que considera contrarias a la lucha contra la criminalidad, mientras busca optimizar el funcionamiento del sistema de justicia penal.

El programa comprende una reestructuración de la Policía Nacional para retirar a los miembros involucrados en redes de corrupción y garantizar de manera simultánea la fortaleza técnica y operativa del personal que combate la delincuencia.

Finalmente, el plan de Gobierno en el eje social propone la aplicación de la "muerte civil" (inhabilitación perpetua) para los funcionarios sentenciados por delitos de corrupción y dispone la expulsión de los ciudadanos extranjeros que cometan actos delictivos dentro del país.