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Al presentar la iniciativa, Zertuche Romero señaló que la propuesta busca sancionar a quienes provoquen o simulen accidentes de tránsito para obtener beneficios económicos mediante engaños o intimidación.
Contempla penas de tres a nueve años de prisión y multas de 150 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor máximo asciende actualmente a 117 mil 130 pesos.
También prevé agravantes cuando el delito sea cometido por varias personas, se ejerza violencia, la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad, o se utilicen elementos que simulen la intervención de una autoridad.
“Lamentablemente, esta práctica se ha vuelto más frecuente en distintas partes del país, afectando el patrimonio, la tranquilidad y la seguridad de las familias.
Actualmente, nuestra legislación no contempla de manera específica esta conducta, lo que dificulta su persecución y permite que muchos responsables encuentren vacíos legales para evadir la justicia”, expresó.
A la iniciativa se sumaron la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, de MORENA; el diputado Gerardo Peña Flores, del PAN; y la diputada Mayra Benavides Villafranca, de Movimiento Ciudadano, quienes respaldaron la propuesta para fortalecer el marco legal en materia de seguridad y protección patrimonial.
La acción legislativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictamen correspondiente.




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