El Quinto Elemento

"La esencia crítica de nuestra realidad"

Angélica María Arredondo Arrambide

Narrativa en movimiento de actores rumbo al 2027

Desde el mes de febrero, de cara a la jornada electoral del 6 de junio de 2027, la mayoría de las y los aspirantes a continuar en el ejercicio público pertenecen, de una u otra forma, a la estructura institucional de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a dependencias estatales, municipales y candidaturas independientes.

El escenario comienza a dibujarse con claridad: las aspiraciones son legítimas, sí, pero también hay decisiones que revelan hasta dónde llega el compromiso con el servicio público.

Esto ocurre porque deben dividir su tiempo entre cumplir con la encomienda y, al mismo tiempo, posicionarse sin descanso en el ánimo del electorado a través de distintas estrategias.

En Tamaulipas, como en otras entidades, se renovarán alcaldías con sus respectivos cabildos, así como los congresos locales. La política se vive en territorio: algunos actores han trabajado durante años; otros han sostenido presencia constante; y hay quienes apenas reaparecen en eventos, cuidando su imagen de manera superficial, participando en actos masivos y apostando por narrativas vinculadas con la sociedad.

Es ahí donde la ciudadanía observa y evalúa cada paso. Analiza si la narrativa es congruente con la agenda, si continúan actuando como servidores públicos enfocados en el bienestar común o si están dedicados únicamente a su proyecto personal.

Algo que no admite interpretación son los tiempos que establece la ley. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales definen con claridad las condiciones para garantizar la equidad en la contienda.

Por ello, lo anunciado hace unos días por la Claudia Sheinbaum Pardo —respecto a que los servidores públicos que aspiren a otro cargo deben separarse de sus funciones— no es solo un trámite administrativo, sino un acto de congruencia.

Implica reconocer que no es sano, ni justo, competir con ventaja desde el poder frente a aspirantes de otros partidos o independientes.

Sin embargo, en la práctica, esta dinámica sigue siendo compleja, especialmente en ciudades fronterizas donde la operación política define elecciones.

La tentación de permanecer en el cargo mientras se construye una candidatura es constante. Se trata de una situación delicada, ya que la institucionalidad puede verse seriamente erosionada.

¿Por qué ocurre esto? Sin cuestionar el derecho a aspirar —pues la democracia se nutre de la participación—, los conflictos surgen cuando se desdibuja el propósito del cargo público para el cual fueron electos.

Es entonces cuando las decisiones dejan de responder al interés general y comienzan a orientarse hacia la rentabilidad electoral.

En ese punto aparecen los cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos, cuyas consecuencias no siempre son inmediatas. Puede intervenir el Instituto Nacional Electoral, que actualmente se encuentra en procesos de renovación interna, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya función es sancionar conductas indebidas.

Pero más allá de las implicaciones legales, existe un daño más profundo y significativo: la pérdida de confianza. Y en política, la confianza lo es todo.

De ahí que el verdadero reto sea recuperar el sentido original del servicio público, donde la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía y las instituciones garanticen condiciones de equidad.

Porque los ciudadanos no son espectadores; son, en esencia, la razón de la política y de las decisiones públicas.

Al final, lo que está en juego no es solo una elección, sino la credibilidad de todo un sistema.