El Quinto Elemento
"La esencia crítica de nuestra realidad"
Angélica María Arredondo Arrambide

El renovar a los funcionarios es sano y cada vez que se abre una convocatoria para renovar consejerías del Instituto Nacional Electoral, es de gran valía detenerse no solo en los nombres que suenan, sino analizar a conciencia los requisitos que garanticen independencia, experiencia y credibilidad para llevar a cabo con ética y responsabilidad, la encomienda dentro del INE.
Sobre el papel, las reglas parecen claras y hasta exigentes. Se pide ser mexicano por nacimiento, contar con una trayectoria profesional sólida y tener conocimientos en materia electoral o jurídica.
También se exige algo fundamental: no haber sido candidato, dirigente partidista ni funcionario de alto nivel en los últimos años. En otras palabras, se busca a alguien que no esté marcado por intereses políticos inmediatos.
La intención es coherente, pues el consejero electoral no debería responder a partidos, gobiernos ni grupos de poder, siendo su única responsabilidad ir a la par con la legalidad y con la ciudadanía siendo íntegro al tomar decisiones ya que aunque se cumpla con los requisitos, no significa que sea independiente al ejecutar la acción.
Aquí es donde entra el pensamiento crítico, ya que el tener experiencia no siempre significa ser imparcial. No haber ocupado un cargo reciente no borra trayectorias, relaciones o afinidades construidas durante años.
Y aunque la ley intenta cerrar puertas a los conflictos de interés, en la práctica estos pueden filtrarse de formas mucho más sutiles.
El proceso mismo refleja esa tensión. Los aspirantes pasan por filtros técnicos, exámenes, evaluaciones y entrevistas. Se construyen listas de perfiles que, en teoría, representan a los más capacitados.
Pero al final, la decisión recae en la Cámara de Diputados, donde el consenso político no siempre gira en torno a quién es mejor, sino a quién es viable.
Y es ahí donde los requisitos, por más estrictos que parezcan, se enfrentan a la realidad política del país.
En ese contexto hay que tener la capacidad de entender sus límites y en donde los criterios buscan construir un perfil ideal, quien este realmente preparado, independiente y con ética.
Pero ese perfil no se define solo con documentos, ni con currículums, ni con evaluaciones técnicas. Se define también en la percepción pública, en la historia personal y en la capacidad real de actuar con autonomía cuando las decisiones importan.
Como reflexión final, los requisitos de la convocatoria no deberían verse como un trámite, sino como el primer filtro de legitimidad.
Porque más allá de quién llegue, lo que está en juego no es solo un cargo de nueve años, sino la credibilidad de todo el sistema electoral donde la credibilidad se sostiene con decisiones debidamente consensadas.



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