LAPRENSA.MX / Reporte

Con el objetivo de fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes, en el Congreso del Estado aprobaron por unanimidad un Proyecto de Decreto para reforzar los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia de género, además de garantizar medidas de protección más eficaces e inmediatas.

El dictamen fue emitido por las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y de Igualdad de Género y de la Diversidad, y deriva de dos iniciativas promovidas por las diputadas Francisca Castro Armenta y Silvia Isabel Chávez Garay, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Durante la presentación en tribuna, la legisladora Francisca Castro Armenta destacó que las reformas incorporan formalmente en la legislación estatal la figura de los “Refugios Seguros”, definidos como espacios de auxilio donde mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo podrán recibir protección y apoyo inmediato.

“Resulta favorable el objeto del dictamen, ya que fortalece nuestro marco normativo para proteger a mujeres, niñas y adolescentes de la violencia, garantizando una protección más amplia de sus derechos humanos”, expresó.

La reforma también amplía el catálogo de tipos de violencia y robustece las medidas u órdenes de protección, estableciendo su carácter urgente y su otorgamiento de oficio o a petición de parte.

Asimismo, se refuerzan los mecanismos de seguimiento, evaluación y cumplimiento bajo los principios de perspectiva de género, debida diligencia e interés superior de la niñez.

Castro Armenta subrayó que la violencia contra las mujeres constituye un problema significativo de salud pública, arraigado en la desigualdad de género.

“La violencia contra las mujeres es un problema significativo de salud pública, arraigado en la desigualdad de género; un fenómeno que ha trascendido de generación en generación y que, además, constituye una grave violación de los derechos humanos que afecta negativamente la vida, integridad y salud de las mujeres”, enfatizó.

La acción legislativa fue avalada por unanimidad del Pleno Legislativo, consolidando un paso más en el fortalecimiento del marco jurídico para combatir la violencia de género en el estado.