El Quinto Elemento
"La esencia crítica de nuestra realidad"
Angélica María Arredondo Arrambide
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La exigencia de resultados no ha cesado. Año con año, la ciudadanía reclama paz.
Hoy, con la estrategia de seguridad pública afinada por el secretario federal Omar García Harfuch, comienza a percibirse una luz en medio de la oscuridad.
En el actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se da continuidad a la estrategia de seguridad nacional impulsada en el sexenio anterior, pero con ajustes de ruta y una estructuración integral basada en cuatro ejes prioritarios.
Atención a las causas: prevenir antes que lamentar
El primer eje parte de una premisa fundamental: la violencia no solo se contiene con fuerza, también se previene con oportunidades. Impulsar programas sociales incluyentes permite que las y los jóvenes accedan a educación, empleo y apoyos directos que fortalezcan el ingreso familiar.
La intención es clara: cerrar brechas de desigualdad en comunidades vulnerables para evitar el reclutamiento por parte de la delincuencia.
Si bien los efectos de esta política son de mediano y largo plazo, ya se observan reducciones paulatinas en algunos delitos de alto impacto en regiones específicas.
La prevención, aunque menos visible que un operativo, es una inversión en estabilidad futura.
Guardia Nacional y presencia territorial
La consolidación de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha fortalecido la presencia del Estado en carreteras y zonas estratégicas.
En coordinación con estados y municipios, se ha intensificado el combate a delitos del fuero federal, como el robo y tráfico de hidrocarburos.
La presencia territorial no solo busca disuadir, sino recuperar espacios donde el crimen había ganado terreno. La clave está en mantener profesionalización, disciplina y respeto a los derechos humanos.
Inteligencia financiera y judicialización
Uno de los mayores aciertos de la estrategia ha sido el uso de inteligencia e investigación para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
La participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República ha permitido congelar cuentas, judicializar casos y desarticular redes criminales.
Se han dado golpes financieros relevantes a diversos grupos; no obstante, el desafío persiste en reducir la impunidad y fortalecer las capacidades ministeriales para que las detenciones se traduzcan en sentencias firmes en el corto y mediano plazo.
Mesas de seguridad: coordinación real, no discursiva
Un acierto indiscutible son las mesas de seguridad que se realizan diariamente entre fuerzas federales, estatales y municipales. Estos espacios permiten una reacción más rápida ante focos rojos, mejoran los tiempos de respuesta y generan diagnósticos regionales oportunos.
Sin embargo, la corresponsabilidad es indispensable. La capacidad local debe fortalecerse, especialmente en el ámbito municipal. Policías mejor capacitadas y equipadas impactan directamente en la percepción ciudadana, que sigue siendo el indicador más sensible del éxito o fracaso de cualquier estrategia.
El papel de los municipios
En materia de alto impacto, también es necesario que presidentas y presidentes municipales asuman plenamente su responsabilidad. El mantenimiento de infraestructura social, educativa, deportiva y recreativa no es un asunto menor.
Muchas obras construidas con inversión federal y ejecutadas por empresas locales hoy algunas en su mayoría muestran abandono.
Descuidar estos espacios sería un retroceso. La seguridad también se construye con entornos dignos, iluminados y activos. Cuando una cancha, una escuela o un centro comunitario se deterioran, se abre nuevamente la puerta al abandono y, con él, a la violencia.
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