El Quinto Elemento
"La esencia crítica de nuestra realidad"
Angélica María Arredondo Arrambide
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En los últimos meses, la presión derivada de la imposibilidad de cumplir con las entregas pactadas en el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos a detonado en choque público: desde Washington se han alzado advertencias y amenazas que incluyen aranceles, mientras en la región norte de México se multiplican las señales de estrés entre presas, distritos de riego y poblaciones urbanas y muy bajo nivel del Río Bravo en el lado Mexicano.
En Tamaulipas, la discusión pone al foco a embalses como la Presa Marte R. Gómez y la Presa Falcón (con influencia del complejo Amistad–Falcón que regula parte del caudal transfronterizo).
Autoridades estatales han sido claras en su prioridad: garantizar el abasto humano y la operación agrícola local antes de destinar volúmenes al cumplimiento de compromisos binacionales que, en la práctica, han resultado muy difíciles de honrar ante sequías prolongadas y bajos niveles de almacenamiento.
El propio gobierno estatal ordenó un estudio técnico de la cuenca del Río Bravo para cuantificar disponibilidad y riesgos, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
CONAGUA, por su parte, ha intentado modular el discurso: aseguró en comunicados que el abasto urbano en las ciudades fronterizas no está comprometido y destacó que las lluvias recientes han ayudado a mejorar niveles en algunas presas; sin embargo, expertos y análisis hidrológicos advierten que la autoridad federal no cuenta con la capacidad operativa suficiente para liberar, de forma inmediata y en los volúmenes exigidos desde el otro lado de la frontera, grandes cantidades de agua sin poner en riesgo a los usuarios mexicanos, traducido en términos reales que cumplir con la demanda externa podría agravar la escasez local.
El episodio escaló cuando el gobierno de Estados Unidos elevó el tono: la Casa Blanca, y en particular mensajes públicos del presidente estadounidense, exigieron entregas adicionales y advirtieron consecuencias económicas (entre ellas la imposición de aranceles) si México no libera cierto volumen antes de fechas límites.
Esa presión generó respuestas de carácter técnico y político en México: desde mesas técnicas bilaterales para revisar el calendario de entregas hasta decisiones tácticas locales, como la pausa o la limitación de trasvases desde ciertos embalses para priorizar riego y consumo humano.
¿Cuáles serían las implicaciones en las ciudades de frontera? Primero, mayor incertidumbre en el suministro urbano y agrícola: distritos de riego clave en Tamaulipas deberían recibir agua para asegurar cultivos y empleo y ante esta crisis alarmante habría afectaciones en distintos rubros productivos, así como la incertidumbre en el panorama hídrico en la planeación a corto, mediano y largo plazo donde los ciudadanos puedan acceder al vital líquido.
Lo que es una realidad urgente es la configuración de estrategias inmediatas y destinar inversión para la captación y retención de aguas de lluvia con la construcción de infraestructura para atender esta situación que pesa en todos los sentidos y afecta no solo lo productivo, sino lo social, político y desarrollo económico y comercial a gran escala.
Existen algunas soluciones posibles ofrecidas por autoridades y especialistas que consisten en acuerdos técnicos binacionales con calendarios y compensaciones reales que contemplen sequías extraordinarias; en segundo término transferencia y modernización de infraestructura para reducir pérdidas y mejorar almacenamiento regional (incluyendo trasvases internos cuando sean viables); y en tercer término la realización de políticas públicas efectivas orientadas a conservación y uso eficiente desde tarifa y monitoreo, hasta programas de riego por goteo y restauración de cuencas, para disminuir la vulnerabilidad estructural de la zona.
El reto es que muchas de estas medidas exigen tiempo, inversión y voluntad de todas las partes involucradas en los tres niveles.
La crisis tiene, además, un componente geopolítico: el agua fronteriza no es sólo un recurso físico sino un elemento de dependencia y negociación entre vecinos.
Si la gestión se limita a respuestas coyunturales con presiones públicas y amenazas económicas, se corre el riesgo de que la agenda hídrica se degrade a intercambios de urgencia.
Para Tamaulipas y el norte de México, la apuesta debe ser clara: priorizar primero a la población y al campo, construir resiliencia y exigir, en las mesas bilaterales, arreglos que reconozcan los límites físicos de las cuencas en tiempos de cambio climático según expertos.
La franja fronteriza está en una encrucijada. Las presas y el Río Bravo siguen siendo piezas clave de una relación que necesita técnica, equilibrio y responsabilidad compartida sociedad, gobierno y sectores, en donde a ello se le suma el cuidado y uso eficiente del agua, su reuso, almacenamiento y distribución, así como infraestructura de calidad, estudios factibles, pero sobre todo el trabajo conjunto, para óptimos resultados,
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