La legalidad de algunos de los aranceles implementados por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de productos importados de diversos países, incluidos México y Canadá, se encamina a decidirse en la Suprema Corte.

WASHINGTON, EU., 31 ago.- La legalidad de algunos de los aranceles implementados por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de productos importados de diversos países, incluidos México y Canadá, se encamina a decidirse en la Suprema Corte, aunque no hay certeza de su desenlace.

Luego de que la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal determinó que sus gravámenes no tienen justificación bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEPPA, por sus siglas en inglés), la Casa Blanca aún puede solicitar que el máximo tribunal atraiga el caso.

"Por muchos años, nuestros políticos, insensibles e imprudentes, permitieron que los aranceles se usarán en nuestra contra. Ahora, con la ayuda de la Suprema Corte, los usaremos en beneficio de nuestra nación y haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico, fuerte y poderoso", aseguró Trump en sus redes sociales.

Aunque el tribunal comienza sesiones hasta octubre, la Administración republicana puede presentar una solicitud para que escuche su recurso contra el fallo de ayer de la Corte de Apelaciones en los próximos 90 días.

"La Ley otorga al Presidente una autoridad significativa para tomar diversas medidas en respuesta a una declaración de emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas medidas incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles", dijo la mayoría de siete jueces en su decisión.

De acuerdo con las reglas del sistema legal estadounidense, la Suprema Corte podría abordar el caso de los aranceles si cuatro de los nueve jueces que la componen aceptan el recurso por parte del Departamento de Justicia.

Según especialistas, si el máximo tribunal escucha el caso, los argumentos en contra de los gravámenes se centrarían en la violación de la Doctrina de las Cuestiones Fundamentales y la Doctrina de no Delegación, las cuales dan deferencia al Congreso en temas arancelarios.

"El Presidente no puede imponer aranceles legalmente por sí solo y la Ley IEEPA no le otorga autoridad unilateral ilimitada. Esta decisión protege a las empresas y consumidores estadounidenses de la incertidumbre y el daño causados por estos aranceles ilegales", dijo Jeffrey Schwab, director de litigio del Liberty Justice Center, una organización conservadora que representa a quienes se oponen a las tarifas.

El fallo de ayer estuvo centrado en una demanda presentada por cinco pequeños negocios -representados por el Liberty Justice Center-, así como otra querella interpuesta por un grupo de estados gobernados por el Partido Demócrata.