Cd. de México (30 junio 2025) .-

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma en materia de combate al lavado de dinero que faculta a la Secretaría de Hacienda para solicitar directamente y sin orden judicial información financiera y patrimonial de las personas a las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno, órganos autónomos y empresas públicas estatales.

Las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal establece que serán consideradas actividades vulnerables en materia de lavado de dinero cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de una tarjeta de servicios o de crédito sea igual o superior a 91 mil pesos.

Tendrán la misma clasificación la comercialización o el abono de recursos en tarjetas prepagadas cuando el monto sea igual o superior a 72 mil 975 pesos por operación y cuando la emisión, comercialización o abono a instrumentos de almacenamiento de valor monetario iguale o supere los 72 mil 975 pesos por operación.

Tras fallas en el tablero de votación, que se mantuvo abierto por 22 minutos, Morena y sus aliados avalaron en fast track la reforma impulsada por el senador de Morena, Javier Corral, con 297 votos a favor, 37 en contra del PRI y 87 abstenciones del PAN y de Movimiento Ciudadano.

Los cambios dan a Hacienda la atribución de definir las condiciones y características bajo las cuales una persona será considerada Persona Políticamente Expuesta y amplía la lista de actividades vulnerables al incluir sectores como el inmobiliario, los fideicomisos, la comercialización de criptomonedas.

Establece que quienes realicen estas actividades deberán reportar a los beneficiarios finales y señala la obligación de reportar operaciones sospechosas, no sólo las concluidas, sino las que se intenten y las que no se concreten.

Además, Hacienda podrá solicitar a las autoridades electorales federales y locales información sobre partidos políticos nacionales y estatales, partidos políticos, precandidatos y candidatos y a la Secretaría del Trabajo información de los sindicatos y de sus dirigentes.