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Bajo el argumento de considerar las necesidades materiales y presupuestales derivadas de la reciente competencia en materia de derechos laborales que ahora tienen, luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 10 comisiones de Derechos Humanos de diferentes entidades del país piden al Congreso de la Unión que incrementen el presupuesto de los organismos.
Los titulares de esas comisiones pidieron a diputados y diputadas integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que respalden presupuestalmente su implementación en mérito de la responsabilidad que les fue asignada para proteger los derechos de las y los trabajadores.
El objetivo de su petición es incluir en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, los recursos adicionales para asegurar una respuesta efectiva en la protección y promoción de los derechos laborales.
Los representantes de las Comisiones de Derechos Humanos de Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas y Distrito Federal hicieron llegar la siguiente petición: DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
PRESENTES Las y los titulares del Consejo de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí solicitan, respetuosamente a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consideren las necesidades materiales y presupuestales que se derivan de la reciente competencia que en materia de derechos humanos laboral tienen los organismos públicos autónomos del país tras la reforma constitucional en derechos humanos.
Lo anterior, a fin de incluir en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos adicionales para asegurar una respuesta efectiva en la protección y promoción de los derechos humanos laborales.
Considerando que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del pasado 10 de junio, faculta ahora a los organismos públicos de derechos humanos a investigar violaciones a los derechos humanos laborales, al suprimir la restricción que en materia laboral existía, los Organismos Públicos de Derechos Humanos pueden conocer de actos u omisiones de autoridades o servidores públicos en materia laboral que violen derechos humanos, con excepción de aquellas que se resuelvan en el seno del Poder Judicial de la Federación.
El alcance de la competencia laboral debe ser definido conforme al principio pro persona, previsto en el Artículo 1° de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a considerar la interpretación de la ley que sea más favorable para el ejercicio de los derechos y la protección de las personas.
En este sentido, el ámbito de aplicación de los derechos laborales abarcará considerables casos de actuación que van desde violaciones a los derechos humanos al debido proceso en procedimientos judiciales o en aquellos llevados a modo de juicio que versen sobre derechos laborales; violaciones a los derechos humanos laborales que se suscitan como consecuencia de la relación de trabajo cuando el Estado funge como empleador; derechos que pueden ser transgredidos por la inadecuada diligencia con que las instancias competentes realizan la supervisión de las condiciones laborales, hasta la observancia de los derechos sindicales y de seguridad social de los trabajadores del Estado.
En este contexto, la Reforma Constitucional implicará para los 32 organismos públicos de derechos humanos locales y el nacional, un incremento significativo de las quejas recibidas; por lo que estos organismos deberán fortalecer sus áreas de atención a peticionarios y de integración de los expedientes de queja, a fin realizar investigaciones oportunas sobre violaciones a los derechos humanos laborales, así como reforzar las capacidades de promoción y difusión de estos derechos.
De lo contrario, se correrá el riesgo de colapsar el funcionamiento de las defensorías de derechos humanos e incumplir, en consecuencia, su mandato constitucional.
De acuerdo con una estimación elaborada por la Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), sí sólo se consideran la presentación de quejas relacionadas con derechos laborales, el incremento en las mismas sería de por lo menos el 17%.
Lo anterior, sin considerar la ampliación de los servicios de orientación, asesoría y promoción de derechos específicos.
Para dar respuesta efectiva al precepto constitucional será indispensable, por una parte, plantear la ampliación y reorientación de las áreas de atención e investigación de violaciones a los derechos humanos laborales, lo que en muchos caso implicará la creación de una Visitaduría específica y, por la otra, iniciar procesos de capacitación y actualización especializada para el personal de las organismos públicos de derechos humanos.
Si bien es cierto que cada una de las entidades federativas debe, a través de la aprobación de sus presupuestos de egresos, considerar las necesidades materiales y humanas de los organismos públicos de derechos humanos para dar respuesta a la competencia en materia laboral; también lo es que la adecuada implementación de la reforma constitucional en derechos humanos no puede quedar a expensas exclusivamente de los gobiernos locales; pues constituye un asunto prioritario y una obligada preocupación nacional que debe evidenciar la voluntad concurrente de todos los niveles y órdenes de gobierno.
Por ello, a través de la aprobación de un recurso excepcional, la Cámara de Diputados expresaría de forma inequívoca y contundente su compromiso por asegurar la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos así como por fortalecer el sistema no jurisdiccional de derechos humanos y, consecuentemente, el estado constitucional de derechos.
Por lo anterior, las y los titulares de los organismos públicos de derechos humanos instamos a que las diputadas y diputados de la Cámara de Diputados respalden presupuestalmente la implementación de la reforma constitucional en derechos humanos, en mérito de la responsabilidad que nos fue asignada para proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores del país.
Lic. Lorenzo López Mendez Consejero Presidente del Consejo de Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Lic. José Luis Armendáriz González Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.
Dr. Luis A. González Placencia Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Lic. Juan Alarcón Hernández Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Lic. Raúl Arroyo González Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Lic. Lucero Ivonne Benítez Villaseñor Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Lic. Minerva Martínez Garza Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. Dr. Heriberto Antonio García Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Mtro. Enrique Norberto Mora Castillo Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Lic. José Ángel Morán Portales Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.
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