María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Foto: Armando Vazquez

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Un juez federal denunció en marzo de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR) a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por desacato a una suspensión definitiva que le ordenaba seguir canalizando recursos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCT).

Año y medio después, la FGR no ha actuado contra Álvarez-Buylla, pero ahora busca encarcelar en un penal de alta seguridad a 31 académicos y ex funcionarios del Conacyt por lavado de dinero y delincuencia organizada, derivados de aportaciones de 244 millones de pesos al FCCT, pese a que dichas aportaciones estaban previstas en la Ley de Ciencia y Tecnología.

En marzo de 2020, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López, denunció a Álvarez-Buylla ante la FGR por no acatar la suspensión definitiva que concedió el 2 de octubre de 2019, en un amparo promovido por el FCCT.

En dicha suspensión, el juez ordenó a Conacyt dotar de inmediato al FCCT de "los recursos económicos suficientes y necesarios para su operación permanente", pero Álvarez-Buylla ignoró este mandato.

"(Álvarez-Buylla) ha mostrado total contumacia y ha sido omisa en desahogar el requerimiento a efecto de que diera cumplimiento a la suspensión definitiva", afirmó el juez, que también impuso varias multas a la funcionaria.

"Se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que determine si las conductas de la autoridad responsable encuadran en el supuesto del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo", agregó Regis, en acuerdo publicado el 2 de marzo de 2020.

Este artículo castiga con tres a nueve años de cárcel al funcionario que no obedezca una suspensión dictada en juicio de amparo, pero es la FGR la que determina si se ejerce acción penal contra el responsable.

El 19 de abril de 2021, el Conacyt aceptó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, como investigador nivel 3, el más alto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), luego de once años de rechazar su solicitud de ingreso por carecer de suficientes méritos académicos.

Gertz fue aceptado por un Comité de Selección del SNI, en el que no participó Álvarez-Buylla, pero ella misma afirmó que en el caso del Fiscal general hubo, en sexenio previos, "parcialidad y falta de objetividad" de los evaluadores.

"El agraviado (Gertz), con tres doctorados en Derecho y autor de obras notables y con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional, había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de diez años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel SNI 3", afirmó el Conacyt en un comunicado.