Aumentan 67% homicidios de activistas en México en 2020

Agencia / Reforma
Cd. de México (12 septiembre 2021).- En México fueron asesinados 30 activistas ambientales y de la tierra en 2020, un incremento del 67 por ciento respecto al año previo, revela un informe de la organización internacional Global Witness.
Con esa cifra de víctimas mortales, México fue el segundo país del mundo más letal para los ambientalistas el año pasado, sólo superado por Colombia, donde se cometieron 65 homicidios.
"En México, documentamos 30 ataques letales contra defensores de la tierra y el medio ambiente en 2020, un aumento del 67 por ciento con respecto a 2019", indica el informe.
"La tala estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el País fue dirigido contra comunidades indígenas".
Global Witness calificó como sorprendente la impunidad que impera por delitos cometidos contra defensores en México.
"Una investigación reciente que clasifica a los países sobre el acceso a la justicia colocó a México en el puesto 60 de los 69 países evaluados", indicó.
"Hasta el 95 por ciento de los asesinatos no da lugar a ningún enjuiciamiento".
En México, Colombia y Filipinas se cometieron más de la mitad de los 227 ataques letales registrados en todo el mundo en contra de activistas, según el informe de Global Witness.
Bajo el título "Última línea de defensa", el informe destaca el asesinato de Óscar Eyraud Adams, ocurrido el 24 de septiembre de 2020 en Tecate, Baja California.
Indígena kumiai, Óscar defendió las juntas de Neji del despojo de agua por las trasnacionales, y denunció la negativa de Conagua de permitirles cavar un nuevo pozo para buscar el líquido.
El documento indica que en homicidios per cápita, Nicaragua fue el país más mortífero para los activistas, con 12 asesinatos registrados en total.
"Los gobiernos tienen el deber primordial de garantizar que los derechos humanos de las personas defensoras estén protegidos y que puedan llevar a cabo su activismo de manera segura", destacó la organización internacional.
"Deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar cualquier disposición legislativa utilizada para criminalizarlas".
Global Witness planteó también que las empresas deben hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de no estar causando, contribuyendo o beneficiándose de los ataques a los activistas.
"En particular, deben publicar e implementar sistemas sólidos de debida diligencia para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los daños ambientales y de derechos humanos en todas sus cadenas de suministro y operaciones", dijo.