Foto especial.

Monterrey, México (16 abril 2021).- La aprobación a la reforma de la Ley de Hidrocarburos traería consigo una oleada de revocaciones de permisos de comercialización y distribución de combustibles, debido a la falta de infraestructura para su almacenamiento que impera en el País, advirtieron especialistas.

Además, señaló Mauricio León, del despacho Sánchez Devanny, la reforma crearía un "círculo vicioso", debido a que estos permisionarios serían quienes podrían desarrollar en el futuro el almacenamiento.

Actualmente, la norma establece que quienes se dediquen a negocios de petrolíferos (combustibles) deben contar con depósitos que duren 5 días de operaciones, pero fuentes del sector afirman que una gran parte no los tiene, aunque sí obtuvieron los permisos.

León indicó que el transitorio cuarto de la reforma establece que a la fecha de cuando entre en vigor, la autoridad tendrá que proceder a la revocación de todos aquellos permisos que incumplan con los requisitos de almacenamiento.

"Al día de hoy no hay infraestructura a nivel nacional, ni siquiera para cumplir las obligaciones de los comercializadores y distribuidores actuales".

Otro aspecto que dificulta el cumplimiento, añadió, es la regulación incompleta en materia de "tickets", que consisten en derechos financieros que amparan la titularidad de cierto espacio de almacenamiento.

"Nunca se publicó una regulación secundaria que abordara el tema de los 'tickets'; a la fecha formalmente no hay tal cual una circulación de 'tickets' que permita cumplir con estas obligaciones a través de este mecanismo secundario".

Max Hernández, también de Sánchez Devanny, sostuvo que alrededor del 50 por ciento del cumplimiento de la política de almacenamiento dependería de la compra de "tickets".

"Antes de estar cambiando más, todavía hay regulación que se debería emitir".

José Antonio Postigo, otro especialista que participó en un webinar de Sánchez Devanny, señaló que los cambios propuestos a la actual Ley de Hidrocarburos podrían expandir también la obligación hacia transportistas y no sólo a comercializadores y distribuidores, como estaba contemplado originalmente.

En este sentido, León consideró que el cambio aplicaría más presión y elevaría el incumplimiento del requisito de almacenamiento.

Por otra parte, los especialistas anticiparon que la aprobación de la reforma traería consigo diversos recursos legales que podrían presentar los afectados como medios de defensa, tales como amparos indirectos o arbitrajes.

Verónica Esquivel, también de Sánchez Devanny, expuso que México es "huésped" de inversiones extranjeras de las que se tienen responsabilidades y obligaciones asumidas en tratados internacionales.

Aparte, César Cadena Canales, de Grupo Energex, consideró que se debe cumplir con el requerimiento de almacenamiento y éste es un buen paso para lograrlo y obligar a las empresas a satisfacer un tema que ya estaba contemplado en la regulación desde el 2017.

Resaltó que las empresas tuvieron tiempo para preparase y muchas no lo hicieron, mientras que otras han invertido montos importantes en la infraestructura necesaria.
Señaló que sería injusto obligar a Pemex a rentarles capacidad, como algunos pretenden.