Roberto Sandoval, ex Gobernador de Nayarit. Foto: Archivo

Cd. de México (01 marzo 2021).- Un juez federal ordenó la aprehensión del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y su hija Lidy Alejandra Sandoval López, por un supuesto lavado de dinero que tuvo impacto negativo en las finanzas públicas del Estado.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic instruyó los mandamientos de captura en un caso en el que le señalan antecedentes como la adquisición de propiedades con recursos probablemente ilícitos y su relación con el ex Fiscal estatal Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

"En ese sentido, el Juez consideró que el delito materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit", afirmó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el primer mandamiento de captura federal librado contra el ex Mandatario.

"Además, existen datos de prueba, tanto en el fuero común como el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada".

Según la Fiscalía, durante su gestión de 2011 a 2017), a Sandoval se le relacionó con actividades ilícitas en conjunto con su Fiscal Édgar Veytia tales como el secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y asesinato.

El ex Gobernador presuntamente adquirió propiedades que en algunos casos probablemente estaban a nombre de su hija, aunque ella no tenía forma de cubrir ese tipo de gastos, toda vez que era una estudiante universitaria, según las imputaciones.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido coloquialmente como lavado de dinero, no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, es decir, en principio el imputado puede llevar su proceso en libertad.

No obstante, la FGR puede solicitar y debatir la imposición de la prisión preventiva justificada, aunque en este caso debe medianamente acreditar que existe un riesgo de fuga de los imputados.

El problema para Sandoval es que cuenta con otras tres órdenes de aprehensión del fuero común, giradas por jueces de la misma entidad, por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y por tres hipótesis de delito electoral.

La FGR afirmó que el juez de control federal consideró que solo a través de una orden de aprehensión se logrará conducir ante la justicia a Sandoval y su hija, es decir, que había necesidad de cautela y que era improbable que se presentara a una audiencia de imputación mediante un citatorio.

El juzgador estimó que los elementos aportados por la FGR indican que los investigados probablemente cuentan con una alta capacidad económica y tienen nexos con un grupo delictivo organizado.

"Por lo anterior, y con base en los mandamientos judiciales y en los procedimientos a los que haya lugar, se podrá buscar la colaboración de otras instituciones de seguridad para el cumplimiento de las órdenes, además de pedir a la Interpol emitir ficha roja para la localización de estas dos personas", expuso la dependencia federal.

En cuanto a las imputaciones del fuero común, la Fiscalía de Nayarit ha informado que Sandoval podría enfrentar una sanción de hasta 28 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por aproximadamente 152 millones de pesos.

En uno de los tres expedientes locales, se señala que durante su administración operó el programa de seguro alimentario PROSA mediante una organización formada por coordinadores, gestores y jefes de familia Prosa.

Desde su comienzo en 2013 y hasta las elecciones de 2017, los recursos del programa habrían sido utilizados para la campaña de Manuel Cota Jiménez para Gobernador.