Rosario Robles, ex titular de Sedatu. Foto: Archivo

Cd. de México (26 febrero 2021).- La Fiscalía General de la República acusará hoy a Rosario Robles de las presuntas omisiones ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra, sin embargo, la ex funcionaria no podrá ser llevada a juicio durante un buen tiempo.

Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, suspendió en forma indefinida la apertura de un juicio a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El juzgador concedió a Robles una suspensión definitiva que, por un lado, autoriza llevar a cabo este viernes la audiencia intermedia en la que los fiscales federales formularán en forma verbal la acusación contra Robles por el citado ilícito.

En esta diligencia, que podría tener varias sesiones, los fiscales expondrán la acusación, las partes establecerán los hechos que no estarán a discusión y serán depurados los 300 datos de prueba presentados por la FGR y los 53 de la defensa de Robles.

Es decir, serán sujetos de debate y el juez definirá cuáles serán los datos considerados para el juicio. Lo que no podrá hacer el juez de la causa es que, una vez concluida la audiencia intermedia, dicte precisamente el acuerdo para abrir el juicio.

"Es una obligación legal del juez responsable suspender el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la sentencia ejecutoriada que recaiga en el juicio principal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo de la Ley de Amparo", dictó Vargas Alarcón.

La norma citada por el juez precisa que la autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia, y esa circunstancia prevalecerá hasta que sea notificada de la resolución de última instancia en el amparo.

Esta suspensión fue concedida en el amparo promovido por Robles contra la negativa de cancelación de su proceso, dictada por Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control federal del Reclusorio Sur, en la audiencia de sobreseimiento del 26 de octubre pasado.

La única posibilidad de que esa suspensión definitiva quede sin efecto es que la FGR y la Auditoría Superior de la Federación, que tiene la calidad de ofendida, presenten un recurso de revisión y luego sea revocada por un tribunal colegiado.

Pero eso también puede llevar su tiempo porque el juez Vargas Alarcón se declaró incompetente para continuar con el trámite del amparo y estableció que no va a acordar ningún recurso hasta que otro juez resuelva si admite o no esta demanda.

Vargas turnó el caso a Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo y, en caso de que este último no acepte la competencia, la controversia será turnada a un tribunal colegiado para que defina quién debe ser el juez competente, situación que también podría llevar unos meses.

Es por lo anterior que existe la posibilidad de que la suspensión se prolongue durante meses y, en caso de ser confirmada por un tribunal, sus efectos tardarían aún más.

La FGR pedirá hoy en forma oral sentenciar a Robles a 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público e imponerle el pago de una reparación del daño por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Del total de las 300 pruebas que constan en la acusación, 231 son documentos, entre ellos convenios, contratos y auditorías; 56 son testimonios de funcionarios de seis dependencias y 4 testigos colaboradores; y 13 son discos compactos con presentaciones en Power Point con tablas y datos relacionados con testimonios.