La ex Oficial Mayor Gómez Molano en febrero pasado, a su llegada a una audiencia del juicio que se sigue. Foto: Archivo

Cd. de México (20 diciembre 2020).- La Fiscalía General de la República (FGR) tuvo un doble rasero frente a los amparos que fueron concedidos a dos ex funcionarios imputados por la supuesta adquisición con sobrecosto del avión Bombardier Challenger (CL 600) de la otrora PGR.

Este fin de año Luis Pérez de la Fuente, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal, otorgó el amparo a Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, y Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, ex subdirector de Recursos Materiales de Banobras, al estimar que la imputación carece de fundamento.

Según documentos judiciales, en el caso de Curioca, la FGR dejó pasar los 10 días que tenía para impugnar el fallo, razón por la que ha quedado firme la resolución y tiene efectos de sentencia absolutoria.

Sin embargo, con Gómez Molano el proceder de la Fiscalía fue el contrario, pues ayer presentó el recurso de revisión contra el amparo que le fue concedido y ahora será un tribunal colegiado el que determine en última instancia si prevalece o no la cancelación del proceso.

Aunque se trata de fallos dictados por separado, el magistrado Pérez de la Fuente resolvió en los mismos términos y con los mismos argumentos los casos de Gómez Molano y Curioca, este último hoy subsecretario de Administración del Estado de México, en el gobierno de Alfredo del Mazo.

Señaló que, para acreditarlo ante los tribunales, no basta con afirmar que existe un sobreprecio en la compra del avión, para de ahí concluir un actuar indebido de parte de los funcionarios.

"De los antecedentes de la investigación expuesta por el Ministerio Público, no se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión", sentenció.

La investigación que derivó en el proceso de los funcionarios inició con una denuncia presentada el 16 de mayo de 2019 por el capitán Gabriel Hugo de la Mora Esquivas, Director General de Servicios Aéreos de la FGR, quien acusó un sobrecosto en la compra del avión Bombardier Challenger 605, serie 5808.

El 30 de agosto de 2013 la entonces Oficial Mayor de la FGR suscribió el contrato de compra-venta con la empresa Aviation Enterprise Inc., por 19.5 millones de dólares, equivalentes a 243 millones 931 mil 350 pesos, al tipo de cambio vigente.

La nueva administración de la Fiscalía acusó que su precio comercial era de 15.5 millones de dólares y que la página de internet Bluebook lo cotizaba en no más de 16 millones de dólares.

Lo anterior tuvo como consecuencia que la PGR erogara 344 millones 210 mil 437 pesos, "con lo que se afectaron recursos económicos públicos de las partidas presupuestales 56,901, denominada Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero, y 54,301, Vehículos y Equipo Aéreo para Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional".