Diputados llamaron a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar los precios y a endurecer los procedimientos para castigar a quienes se aprovechan. Foto: Alejandro Pastrana

/REFORMA

La Cámara de Diputados aprobó sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes cometan actos encaminados a encarecer los precios de productos de primera necesidad durante contextos de desastres naturales o riesgo sanitario.

Por unanimidad, con 465 votos a favor, el Pleno avaló la adición del artículo 254 Quáter al Código Penal Federal a fin de establecer que las penas por acciones tendientes a incrementar los precios de productos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos aumentarán en una mitad en situaciones de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia que altere de forma grave el orden público durante tiempo determinado.

En ese supuesto se incluyen también los bienes destinados a la prevención de la propagación o contagio de enfermedades, los artículos de primera necesidad y los que se requieran para la conservación de los mismos.

El Código Penal Federal ya sanciona estas acciones con entre 3 y 10 años de prisión y entre 200 y 10 mil días de multa.

Al fundamentar el dictamen que fue enviado al Senado de la República, la presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, dijo que a pesar de que ya existe un marco regulatorio en materia administrativa, ha sido frecuente el incremento de precios de productos indispensables ante la pandemia, como cubrebocas, tanques de oxígeno y productos de aseo y de limpieza personal, que son ofrecidos al público hasta por el triple de su valor real.

La legisladora señaló que para lograr lo anterior, los productos son acaparados por las mismas personas que los ponen a la venta para generar escasez.

Esto, explicó, ha alterado las condiciones normales de oferta y demanda de bienes, y se traduce en un incremento de precios que lastiman la economía familiar, sobre todo de los sectores vulnerables, que en el País representan el 40 por ciento de la población.

Ortega lamentó que pese a los llamados de las autoridades de los distintos niveles de Gobierno y las advertencias para que no se generen distorsiones en estos productos, en los hechos esto no ha ocurrido.

Ante ello, consideró necesario establecer en el Código Penal una calificativa para prever supuestos como la inminencia de desastres naturales o riesgo sanitario y establecer sanciones a esta conducta.

El promovente de la iniciativa, el panista José Elías Lixa, recordó que durante la pandemia se han dado casos como el de los tanques de oxígeno, que se convirtieron en productos accesibles sólo para quienes más tienen.

"No se puede dar a escoger entre atender la salud o darle de comer a las hijas e hijos", sostuvo.

"Es necesario poner un límite para que todos puedan continuar adquiriendo los productos de primera necesidad, pero también para adquirir lo necesario para enfrentar la contingencia".

El panista llamó a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar los precios y a endurecer los procedimientos para castigar a quienes se aprovechan de las familias y de las personas más vulnerables.