"El Mochomo" es acusado de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas. Foto: Archivo

Agencia / Reforma

Cd. de México (02 julio 2020).-

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició su propia investigación por posibles actos de corrupción en el juzgado que liberó ayer a José Ángel Casarrubias Salgado, "El Mochomo", acusado de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas.

La institución indicó que tuvo conocimiento de informaciones sobre el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, órgano que liberó al presunto narcotraficante, que amerita una investigación exhaustiva sobre la actuación del personal.

Dicho órgano de impartición de justicia está a cargo de la juez María del Socorro Castillo Sánchez y en la sentencia de Casarrubias participó el secretario de acuerdos Marco Aurelio González Romero, según fuentes federales.

"Derivado de información reciente en torno al caso de José Ángel C., el CJF ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente", señaló la Judicatura.

"En este caso, información que ha llegado al CJF amerita una revisión exhaustiva.

No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal".

El CJF puntualizó que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de sus juzgadoras en sus resoluciones, pero, enfatizó, toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.

A diferencia de otros casos donde el CJF inicia investigaciones administrativas contra personal jurisdiccional, en este caso ningún servidor público adscrito al juzgado fue suspendido temporalmente del cargo.

Algunos de los testimonios sobre los que se basaba la imputación contra Casarrubias fueron anulados desde hace por lo menos dos años por faltas al debido proceso, como tortura a los testigos de cargo o dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público.

En Twitter, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, reiteró la cero tolerancia a la corrupción.

"Apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos del #PJF que son honestos y trabajan por el país.

Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción", escribió.