Presidente Daniel Ortega. EFE

MANAGUA, NIC.-

AGENCIA / EFE

La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) autorizó este sábado al Estado la nacionalización de una de las empresas manejadas por Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del Presidente del país, Daniel Ortega, que fue recién sancionada por Estados Unidos.

La Ley que dio paso a la nacionalización fue presentada por Ortega con carácter urgente y fue aprobada con 73 votos de los sandinistas y sus aliados, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

Esto pasa los inventarios de la sancionada Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), bajo el control del hijo mayor de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al Estado de Nicaragua.

El jueves pasado, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Rafael Ortega, y dos empresas bajo su control por presuntamente ser usadas para lavado del dinero.

"Rafael Ortega es el principal gestor de dinero detrás de los mecanismos financieros ilícitos de la familia. El Tesoro está sancionando a Rafael y las empresas que posee y usa para lavar dinero, con el que sostiene el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Las empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A.
Como consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción de EU y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.

En la iniciativa de ley, el Presidente Ortega calificó esas medidas como "decisiones unilaterales de absoluta ilegalidad y coercitivas".
"(La ley pretende) evitar que la satisfacción de los intereses colectivos de la sociedad nicaragüense puedan verse vulnerados, en este caso el suministro confiable continuo, eficiente, seguro, adecuado e ininterrumpido de los combustibles y los productos derivados del petróleo", explicó.

Ordena también garantizar la continuidad de los inventarios, la distribución y el suministro de combustibles y productos derivados del petróleo en el país.