La Fiscalía informó que tiene elementos para acreditar la responsabilidad de Carlos Ahumada en presunto fraude y extorsión. Foto: Archivo

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La Fiscalía General de la República informó a un juez federal que cuenta con elementos para acreditar la responsabilidad de Carlos Ahumada en un presunto fraude y extorsión de 400 millones de pesos en agravio de Rosario Robles y del PRD.

Se trata de un caso denunciado en agosto de 2013 por Robles, quien acusó al empresario argentino de tomar su firma de un documento en blanco e inscribirla en un pagaré apócrifo fechado el 1 de agosto de 2003.

Según la denuncia, Ahumada pretendía cobrar con este documento falso un "préstamo" que hizo al Partido de la Revolución Democrática, cuando Robles era su presidenta a nivel nacional.

A pesar de la manifestación de la Fiscalía, no se tiene noticia de que hubiese solicitado una orden de aprehensión contra Ahumada en la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 y su acumulada PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014, relacionada con estos hechos.

"Mediante acuerdo de 2 de julio de 2019... (la FGR) reiteró los razonamientos dirigidos a considerar improcedente la solicitud del quejoso de emisión de una propuesta de no ejercicio de la acción penal, recibió las pruebas previamente desahogadas en el extranjero, consideró que no había diligencias pendientes de desahogar y contar con elementos para acreditar el cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión", señala un acuerdo publicado por el juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón.

El 24 de julio de 2018, Ahumada presentó su amparo ante Vargas Alarcón con el propósito de que la FGR fuera forzada a archivar esta indagatoria iniciada por los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.

Robles acusó a Ahumada de haber utilizado su firma para fabricar un pagaré único, fechado el 1 de agosto de 2003, cuando ella era presidenta del PRD.

En su demanda ante el Juez Décimo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, el ex convicto ofreció unos peritajes en grafoscopía y documentoscopía de la Corte Suprema de Argentina, fechados el 16 de junio de 2016, en los que se concluye que el pagaré no fue fabricado.

Es decir, que no existen elementos para establecer que la firma del pagaré fue confeccionada antes o después del texto; que tenga restos de tóner o que la hoja en blanco que anexó Robles en su denuncia haya sido obtenida con una copia de la firma genuina del pagaré, como ella lo afirma.

Sin embargo, el juez de amparo dijo que, independientemente de los peritajes, la sola posibilidad de que la firma hubiese sido obtenida de una original y reproducida en el pagaré era más que suficiente para que la Fiscalía continuara con la indagatoria abierta, aunque llevara seis años tramitándose.

"No se está en condiciones de establecer que la conducta o hechos atribuidos al quejoso (Ahumada) no son constitutivo de delito; para tener acreditado plenamente que no participó en éstos", señaló en su sentencia.

El mes pasado, el Tercer Tribunal Colegiado Penal confirmó la resolución de Vargas Alarcón y, en cumplimiento a ella, la FGR envió un escrito al juez para informarle que cuenta con los elementos para acreditar los delitos contra Ahumada.

Por este mismo caso, el empresario también demandó por la vía civil al PRD y en 2014 el supuesto adeudo que reclamaba era de 520 millones pues, además del pagaré, incluía 120 millones de intereses, dinero que supuestamente correspondía a un préstamo al partido político en 2003.

Aunque se instruyó el embargo de las cuentas del partido del sol azteca, desde hace un lustro un juez federal en materia administrativa suspendió dicha medida cautelar impuesta a los recursos del instituto político.