Alcanza 500 mmdp fraude con facturas

CD. DE MÉXICO.-
/REFORMA
La cifra equivale a la décima parte del presupuesto público del País, aseguró ayer Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la federación, adscrito a la Secretaría de Hacienda.
"De 2014 a 2018 el monto de evasión fiscal por facturas está calculado en dos billones de pesos: 2 millones de millones; esto quiere decir que son 500 mil millones de pesos al año o la décima parte del presupuesto nacional al año lo que se está defraudando por estos esquemas", dijo.

El monto anual es equivalente al ahorro que se espera lograr con las medidas de austeridad en la presente administración o bien superior al presupuesto conjunto de la Secretaría de Salud y la de Educación.
Pese a la magnitud del problema, el marco jurídico actual no permite atacar a los líderes de las organizaciones criminales dedicadas a la defraudación, explicó el funcionario en el Seminario Corrupción y Lavado de Dinero, organizado en el marco del XV aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Detalló que en muchas ocasiones las empresas dedicadas al lavado de dinero tienen como accionistas o administradores a personas de bajos recursos o de la tercera edad que firman por necesidad y sin conocimiento de causa.
"No podemos meter a la cárcel a las personas que por necesidad firmaron por accionistas y son usadas para estos fines", dijo.
Agregó que es necesario darle a este tipo de delitos el estatus de graves, equiparables con delitos de crimen organizado, lo que permitiría realizar investigaciones con mayor profundidad para detectar a los grupos delictivos y no sólo al prestanombre.
En el Senado se está analizando modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimiento Penales y la Ley de Seguridad Nacional para considerar los delitos de defraudación fiscal como delitos de delincuencia organizada, expuso.

Al darle estatus de grave, se obtendrán herramientas para tener escuchas, cateos o infiltrados en las organizaciones criminales que hacen estas actividades.
El funcionario planteó que las empresas lícitas que usan facturas falsas para disminuir su carga tributaria, no deben ir a la cárcel, pero deben pagar sus impuestos.