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WASHINGTON, DC

AGENCIA / EFE

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución para exigir al Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, la "liberación incondicional" antes del 18 de junio de todos los manifestantes presos, en cumplimiento con lo pactado en el diálogo con la Oposición.

La iniciativa, impulsada por Canadá, se aprobó con el voto a favor de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa desde 1962); mientras que tres se opusieron, entre ellos Nicaragua, diez se abstuvieron y la misión de Trinidad y Tobago no estuvo presente.

La resolución busca presionar a Ortega para que cumpla con el plazo que acordó con la Oposición para liberar antes del 18 de junio a todos los manifestantes antigubernamentales detenidos en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de fallecidos.

En concreto, el texto insta al Ejecutivo nicaragüense a proceder con la liberación incondicional de todos los presos, antes del 18 de junio de 2019, según lo acordado por las partes en la Mesa de Negociación y establece que la liberación deberá contar con mecanismos independientes de monitoreo y verificación.

En respuesta, el viceministro de Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, aseguró que su Gobierno ha hecho amplias y claras demostraciones de su compromiso con el diálogo y afirmó que los activistas que siguen presos serán liberados el 18 de junio a más tardar.

Recordó, asimismo, que este lunes Ortega excarceló a 100 manifestantes y ordenó que pasen a arresto domiciliario u otras medidas, lo que significa que todavía permanecen encarcelados 132 presos de la lista que reconoce el Ejecutivo, una cantidad menor a los 809 que, según la Oposición, continúan privados de libertad.

El tema de los llamados presos políticos se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica, que comenzaron el 27 de febrero y se suspendieron el 3 de abril y en las que la Secretaría General de la OEA, liderada por Luis Almagro, ha actuado como garante y testigo.

Uno de los acontecimientos que ha incrementado las tensiones fue la muerte el 16 de mayo del reo Eddy Montes, que falleció en la cárcel "La Modelo" en circunstancias poco claras.

Al respecto, el jefe de gabinete de Almagro, Gonzalo Koncke, consideró de la máxima prioridad que se investigue con claridad y premura la muerte de Montes.

"Desde la Secretaría General recordamos que es necesaria la liberación de la totalidad de los presos políticos, la liberación total de estas personas, más allá de la excarcelación y de la convivencia familiar", aseveró Koncke.

Fuentes diplomáticas dijeron que precisamente la resolución pedía que la liberación de presos fuera supervisada con mecanismos independientes con el objetivo de que Ortega deje de poner a los reos en régimen de arresto domiciliario y los libere por completo.

De hecho, en el marco del diálogo, se acordó que la liberación contaría con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); pero ese pacto no se ha cumplido, según la Alianza Cívica.

Más allá de pedir la liberación de los manifestantes presos, los Estados miembros del organismo y la Secretaría General pidieron que se tomen medidas para celebrar elecciones "libres, justas, transparentes y legítimas" y se garantice la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la manifestación pacífica.

La resolución también urge a Ortega a permitir el regreso y permanencia seguros, sin represalias, a todas las personas que fueron forzadas a abandonar Nicaragua.

En la sesión estuvo entre el público el académico nicaragüense Félix Maradiaga, en el exilio en Costa Rica y al que el Ejecutivo considera como "cabecilla intelectual" de un "golpe de Estado".

Maradiaga aseguró que volvería de inmediato a Nicaragua si se le garantiza que no va a ser perseguido por sus ideas políticas.

La OEA comenzó el 11 de enero el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, que podría abrir la puerta a su suspensión del organismo.

La resolución establece que la crisis en Nicaragua, que comenzó el 18 de abril de 2018 con unas protestas contra Ortega, debe ser abordada en la agenda de la Asamblea General, el máximo foro político del organismo que se celebrará a finales de junio en Medellín (Colombia).