Quitan a 'Napo' control de mina en Zacatecas

Agencia/Reforma
Monterrey, México (08 abril 2019).- La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo para arrebatarle al líder minero y Senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia, la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de la mina San Martín, tras 12 años de paro en Sombrerete, Zacatecas.

La Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI) reveló que la junta emitió la resolución el pasado 2 de abril, luego de que los trabajadores decidieron abandonar las filas del Sindicato Minero que encabeza Gómez Urrutia, quien desde el 2007 ordenó el paro desde su auto exilio en Canadá.

La FNSI recordó que en aquel entonces prófugo de la justicia, Gómez Urrutia ordenó realizar tres paros de labores simultáneos en igual número de unidades mineras, por lo que miles de trabajadores, sus familias y comunidades enteras dejaron de laborar.

"El motivo real de estas supuestas huelgas no era defender los derechos laborales, sino chantajear y presionar al Gobierno y a las empresas, para satisfacer sus pretensiones personales", afirmó la FNSI en un documento.

Tras un litigio que se prolongó por seis años, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció que Gómez Urrutia perdió la representación de los trabajadores y el Sindicato Minero dejó de tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la mina propiedad del Grupo México y productora de cobre, plata, zinc y plomo.

"Después de casi 5 años de iniciado el juicio, finalmente el 28 de febrero de 2018 los trabajadores de la mina de San Martín, mediante voto libre, directo y secreto, decidieron abandonar al Sindicato Minero y el Sindicato de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana", afirma la FNSI.

"Esta decisión implica que muy pronto podrán normalizarse las actividades productivas en la mina, la cual desde agosto del año pasado, también por decisión libre y secreta de los trabajadores, inició con las tareas de rehabilitación".

La FNSI advirtió que Gómez Urrutia, actualmente presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, podría impugnar el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.