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Cd. de México (06 marzo 2019).- Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pidió no hacer una tormenta en un vaso de agua ante la disminución de la perspectiva crediticia de México de Standard & Poor's (y antes Fitch y Moody's) y a la economía del País por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
"Esto de las agencias hay que tomarlo con un granito de sal, no bajaron las calificaciones, bajaron nada más las perspectivas, eso es todo.
No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua" , dijo Urzúa.
La semana pasada, la agencia calificadora revisó a negativa su perspectiva sobre la calificación soberana del país frente a un riesgo de menor crecimiento y mayores pasivos contingentes derivados de la política del nuevo Gobierno.
La calificación soberana del país se mantuvo en BBB+, A-2 la calificación en moneda extranjera a largo y corto plazo y A- en moneda local.
De igual forma varias instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y diversos bancos han reducido las perspectivas de crecimiento de México por debajo de 1.7 por ciento del PIB.
La declaración del funcionario surgió tras la firma del convenio colaborativo con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Éste permitirá el intercambio de información fiscal y financiera, educación cívica sobre cumplimiento de responsabilidades fiscales de los ciudadanos y uso de herramientas de verificación en línea de datos fiscales y de identidad, explicó el Secretario.
En materia de fiscalización, la alianza permitirá a la procuraduría fiscal identificar cuentas ilícitas que afecten la legalidad de los participantes de una contienda electoral.
Respecto a la verificación de identidad, el convenio ayudará a combatir el robo de identidades.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante 2017 sucedieron 16 mil 596 robos de identidad que ocasionaron pérdidas aproximadas por 2 mil 500 millones de pesos en el primer semestre de 2017, refirió Urzúa.
Asimismo, el convenio permitirá combatir la evasión y elusión fiscal que representan de 3 a 4 por ciento del PIB, equivalente a un billón de pesos.
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