Detectan básculas sin calibrar en tortillerías
La PROFECO inició ya los procesos administrativos de sanción a tortillerías por aumentos injustificados al precio del kilogramo o utilizar básculas sin pasar por el proceso de calibración.
Actuación de personal de PROFECO. Abren proceso para sancionar. Las causas: Aumento injustificado del precio y no autorizadas para el pesaje
jueves, 18 de enero de 2018
Por: Luis Alberto Triana F.
Por: Luis Alberto Triana F.
La Subdelegación Reynosa de la Procuraduría Federal del Consumidor abrió procesos administrativos, con miras a la aplicación de sanciones económicas, contra tortillerías que fueron detectadas aplicando aumentos injustificados en el precio del kilogramo, con básculas sin calibrar, alteradas o que no se encontraban aptas para el pesaje.
En todos los casos, las actuaciones estuvieron a cargo de personal del área de Verificación e Inspección de la PROFECO en Reynosa que dirige Alberto Martínez Cavazos, en su calidad de encargado del despacho.
La intervención de los verificadores se generó a través de dos maneras.
Una de ellas, dentro del programa que despliegan normalmente con visitas de verificación a negocios y establecimientos comerciales.
La segunda vertiene consistió en la atención prioritaria a las quejas y denuncias que se hacen llegar de manera directa a las oficinas de PROFECO ubicadas en el Boulevard Morelos -cerca a la Cruz Roja-, también por la vía telefónica o en la página oficial de internet de la dependencia.
Durante las visitas de inspección se detectó que las básculas de pesaje en algunas tortillerías no habian sido sometidas a las pruebas de calibración que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor y otras básculas sí contaban con el holograma de prueba, sin embargo ya presentaban anomalías que no representaban garantía alguna para el consumidor y por lo tanto estaban en condiciones no aptas para operar.
En otros casos, los inspectores sorprendieron a negocios con precios de venta del kilogramo a costos muy altos y no justificados.
En ello, se procedió de inmediato a la inmovilización del producto y al levantamiento de actas.
A los dueños o encargados de los establecimientos se les fijó un plazo de 10 días para presentar pruebas documentales y argumentos que consideraran en su favor, sin embargo nadie logró acreditar el porqué aumentaron el precio del kilogramo.
Sobre este tipo de situaciones, las multas a las que se hacen acreedores pudieran llegar hasta los 28 mil pesos.