Proceso de extradición que se seguirá contra Yarrington

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- El ex gobernador priísta de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, se opuso a los pedidos de extradición en su contra, solicitados por México y Estados Unidos, con lo que prolonga el tiempo del proceso de entrega y permanecerá interno en la cárcel italiana de Solicciano hasta que autoridades italianas emitan su decisión.

Así es el proceso de extradición que se seguirá contra Yarrington:
- 9 de abril.

Autoridades italianas detienen a Tomás Yarrington en Florencia, Italia.
Se cumplimenta la orden de localización y detención solicitada por la Interpol porque cuenta con dos notificaciones rojas, una solicitada por México y otra por Estados Unidos.
Italia notifica a estos dos países que la persona que buscan ha sido detenida y se encuentra bajo resguardo.

Los países interesados solicitan la detención provisional con fines de extradición en tanto deciden sus estrategias de solicitud formal de extradición.
Ambas naciones tienen 60 días para realizar esta solicitud.

- 12 de abril.

En Audiencia en la Corte de Apelaciones de Florencia, Yarrington informó su decisión de oponerse a la extradición. Pudo elegir el allanamiento en cualquiera de las dos naciones que lo solicitan y con ello se realizaría una entrega inmediata, pero decidió prolongar el proceso.

El gobierno italiano analizará las demandas de extradición (en caso de que ambos países la soliciten).
Al ser extradición procesal -porque Yarrington no ha recibido sentencia-, el país que lo solicite debe adjuntar una copia de los hechos de los que se acusa a la persona.
El ministerio de Justicia italiano recibirá esta documentación, la cual debe ser traducida al italiano por el país solicitante.
El país solicitante indicará la información necesaria para determinar la nacionalidad e identidad del imputado.
Si el delito por el que se pide la extradición es castigado con la pena de muerte, se negará.

En el caso de Yarrington, México lo busca por una condena de 20 años y Estados Unidos por dos cadenas perpetuas y una condena de 90 años.
El proceso se alargará dependiendo de los recursos jurídicos que utilice el ex mandatario para evitar su entrega.