Rematan propiedad de Javier Villarreal

EL DATO: El producto de la venta de las propiedades irá a un fondo de confiscación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
SAN ANTONIO, Texas, EU 25-Ago.- Una de las ocho propiedades confiscadas por el Gobierno de Estados Unidos al ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, fue subastada ayer en 6.75 millones de dólares, casi 2 millones de dólares menos de su valor comercial.
La subasta, que inició a las 9:00 horas y terminó después de mediodía, fue realizada por el Departamento del Tesoro.
Las autoridades no revelaron la identidad del comprador, quien presentó la propuesta más alta.
El inmueble ubicado en North Point Retail Center 281 y Redland Drive, tiene un valor comercial de 8.6 millones de dólares y cuenta con locales comerciales y amplia área de estacionamiento.
Previo a la subasta, el pasado lunes se realizó un "open house", para que los participantes en la subasta observaran el lote y las condiciones en las que se encontraba.
El resto de los inmuebles confiscados al ex tesorero de Humberto Moreira, ubicados en San Antonio y el Valle del Río Grande, se espera sean subastados antes de que concluya el año.
En otros casos, como el del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, las tres propiedades en Texas que le confiscaron las autoridades estadounidenses fueron subastadas con un mes de diferencia cada una, al ser acusado de lavado de dinero.
El Gobierno de Estados Unidos confiscó las propiedades a Villarreal, quien llegó a un acuerdo con los fiscales de la Corte del Distrito Oeste, luego de declararse culpable de lavado de dinero en 2014.
En febrero de ese año, se entregó en la garita de El Paso y quedó libre ocho meses después.
Cuatro de los inmuebles, tres de ellos comerciales y uno residencial, se encuentran en San Antonio.
Los otros se localizan en la Isla del Padre, Harlingen y Brownsville.

Dos de ellos son condominios y el resto lotes comerciales.
De acuerdo con los fiscales, ex director del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), utilizó dinero del erario de Coahuila para adquirir las propiedades confiscadas.
El valor de las propiedades comerciales y residenciales es de 37 millones de dólares.