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“Sistema anticorrupción tiene muchos agujeros”

“Espasmo judicial”, es la definición de Edgardo Buscaglia, experto internacional en crimen organizado, para los procesos por lavado de dinero contra líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
sábado, 18 de junio de 2016
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- “Espasmo judicial”, es la definición de Edgardo Buscaglia, experto internacional en crimen organizado, para los procesos por lavado de dinero contra líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Es lo mismo que dije cuando detuvieron a Elba Esther Gordillo (en febrero de 2013, bajo cargos similares): más allá de los méritos de la acusación, en los que pueden ser culpables o inocentes, el hecho es que en México se usa el espasmo judicial como mecanismo de castigo político”.


En entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el autor de los libros “Vacíos de poder en México” y “Lavado de dinero y corrupción política” (Debate) señala que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) “no aborda el origen de la corrupción” y que en el caso Ayotzinapa, más allá del destino de los 43 desaparecidos, no se han hecho las investigaciones patrimoniales y financieras de las redes que rodean los crímenes, mismas que, “hasta que no comiences a desarmarlas, tendrás muchos Ayotzinapas por delante”.


En México nadie es igual ante la ley
Aunque la CNTE de Rubén Núñez y Francisco Villalobos —los dos dirigentes detenidos en días pasados— fue una aguerrida opositora del liderazgo de Elba Esther Gordillo, a los tres sujetos les fincaron los mismos cargos por “lavado” de dinero.


“Cuando líderes sindicales, líderes sociales, resultan incómodos al poder de turno”, explica Buscaglia, “sea (Felipe) Calderón, sea (Enrique) Peña Nieto, sea el Pato Donald, el hecho es que llegan estos castigos judiciales ejemplificadores que son simulaciones, están disfrazados de judiciales cuando en realidad son castigos políticos para desarmar un movimiento social”.


En contraste, afirma, no son perseguidos los delitos de quienes están cerca del gobierno: “En este país nadie es igual ante la ley, excepto el poderoso, que reformatea la ley a su imagen y semejanza”, ya que “el Poder Judicial es un condón del Ejecutivo en turno, un sistema desechable que se utiliza con fines políticos a corto plazo”.


Dice que el objetivo real no es el combate al crimen. Señala que la vida civil y política están adulteradas por la falta de persecución del “lavado” de dinero, pues resulta “fácil que un partido te dé 10 pesos y que puedas recaudar mil a través de mecanismos ilícitos”.


El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana habló con dirigentes políticos de distintos partidos, que le confiaron sus estrategias de financiamiento bajo la condición de no revelar nombres ni detalles: “Me decían que entre 80% y 90% de los fondos que ellos recaudan como individuos, después de haber recibido el dinero de los partidos, es ilícito”.


A eso se suma que, según estimaciones de científicos sociales, “entre 20% y 25% de los votos, en promedio en México, están sujetos a compra, coacción o a condicionamientos a través de programas públicos”.


Como resultado, queda claro que el finado Carlos Hank González, quien declaró en los años 70 que “un político pobre es un pobre político”, sigue vigente: “Supón que existe un candidato en México que no se quiere financiar con un solo peso de dineros ilícitos”, explica Buscaglia: “Primero, no puede competir: tendría 100 mil veces menos dinero que cualquier otro político que está recibiendo en 80% o 90% dinero sucio; segundo, además de esa montaña que no puede trepar, tendría que luchar con ese 20% o 25% de fraude.

O sea que para que gane por 10% en realidad tuvo que haber ganado con 35% para compensar el fraude electoral”. Es por ello que “el voto limpio se está transformando en la excepción”.


Los dineros sucios manan de los mecanismos de “lavado”, que “en México son de bajo costo porque los controles patrimoniales brillan por su ausencia en los estados”.

El experto afirma que deberíamos tener 32 unidades de investigación patrimonial autónomas, “operando como una orquesta sinfónica” y trabajando en red con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República (PGR), y ésta a su vez debería participar en redes de investigación internacionales.


De esta forma se podrían hacer cruces de datos para hacer mapeos y “detectar en los registros de la propiedad aquellos nombres que están vinculados, ya sea con políticos imputados en otros países, como Humberto Moreira, o delincuentes organizados operativos, para observar dónde están los prestanombres, las propiedades que tienen un común denominador, a través de empresas fantasma, personas morales que están a nombre de terceros.

Pero esas unidades no existen ni están planteadas”.
Un SNA “sin dientes”
Las carencias judiciales, regulatorias, de controles patrimoniales, de falta de inversión social, son vacíos de Estado que “generan un incentivo para que los grupos criminales compitan con violencia, como pirañas, para adueñarse de pedazos del Estado”, continúa el investigador de la Universidad de Columbia.

El proyecto de Sistema Nacional Anticorrupción no va a resolver estos problemas porque “tiene muchos agujeros”.
Por ejemplo, en el ámbito de control social de la corrupción, faltan auditorías ciudadanas de las elecciones, del presupuesto y de las licitaciones públicas, “todos son mecanismos operativos que en Brasil y en Colombia operan de manera diaria”.


A diferencia de Estados Unidos y del mismo Brasil, en México las redes de corrupción no son tipificadas como delincuencia organizada, por lo que se debe “impulsar una causa penal separada por cada miembro de la red, lo que resulta imposible para la fiscalía”.


Buscaglia refiere que hubo un senador que en 2015 quiso presentar una iniciativa para corregir este tema, pero “comenzó a recibir amenazas por parte de otros senadores y el pobre hombre se sentía desesperado”.


Además, el SNA no aborda el área de corrupción electoral, “que es la madre y el padre de todas las corrupciones en México: ¿cómo puedes tener un Sistema Nacional Anticorrupción que no aborda el origen mismo de la corrupción?”.


Lo que falta sobre Ayotzinapa
Los mapeos con información económica son indispensables para enfrentar todo tipo de casos criminales. Pero no los hacen, ni siquiera en los más importantes como el de “El Chapo” Guzmán o el de los crímenes de Iguala.

En este último caso, por ejemplo, no sólo hace falta saber qué pasó con los 43 desaparecidos, sino que es necesario mapear todas las vinculaciones patrimoniales y financieras que han tenido el ex alcalde de Iguala, “José Luis Abarca, su mujer, las empresas en las que participaban, los registros de la propiedad en Iguala, los de Ciudad de México, ver si hay prestanombres, si hay miembros del Ejército involucrados en estas inversiones empresariales”, además del tráfico de drogas: “Si se le está acusando por vínculos con grupos criminales, cuáles son los sistemas de transporte que estaban utilizando, a nombre de qué empresas están, eso constituye toda una telaraña y cada núcleo de esa telaraña representa una empresa, un político, a veces un sindicalista, a veces una asociación civil, actuando simuladamente, recibiendo dinero y utilizándolo para campañas.


“Ese señor (Abarca) tenía vínculos con el gobierno federal, pertenecía a un partido de caciques que lo colocaron ahí”, continúa el experto, “hay que determinar el origen de los fondos que financiaron su elección”.

Un camino que llegaría hasta los centros financieros internacionales: “Los flujos del financiamiento de campañas nunca están limitados a un solo país, siempre hay algunas cuentas bancarias en el exterior, propiedades”.


Tribunal internacional para México
Es improbable que el caso Iguala se resuelva dentro de la justicia mexicana. El investigador considera que sólo un tribunal internacional para México podrá enfrentar ése y muchos otros casos, ya que “los crímenes de lesa humanidad se deben procesar a través de las instituciones creadas justamente para acceder a justicia penal”.


Mientras se llega a eso, hace falta formar una comisión de familiares de víctimas con apoyo técnico de gobiernos europeos y representantes de la sociedad civil internacional como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Madres de Plaza de Mayo, para reunir testimonios y evidencias.


“Ningún ente interamericano de derechos humanos tiene la capacidad de emitir órdenes de aprehensión, catear, incautar, decomisar”, advierte.

“Fue excelente que haya venido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero vino en un marco de negociación política, eran impotentes, los echaron. A un tribunal penal regional no lo puedes echar del país”.

EL UNIVERSAL

 

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