El ex carcelamiento de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, abre la posibilidad para que los otros nueve presos considerados políticos de su organización, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), logren salir libres tras demostrarse, como en el caso de la líder, que actuaron bajo los términos de justicia indígena.

Salgado fue recibida por decenas de organizaciones sociales guerrerenses, nacionales e internacionales; varias que componen el “Comité de Nestora libre”, afuera del penal femenil de Tepepan, donde estuvo interna desde hace ocho meses, luego de ser trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit al que fue trasladada en agosto de 2013 tras ser detenida por la Marina y el Ejército.

Nestora fue recibida en libertad, por policías comunitarios de Olinalá que a pesar de que en 2013, dejaron de realizar rondines y afectaron su organización por la detención de su comandante, siguieron durante los dos años siete meses de encierro de Salgado, según dijeron, con el proyecto alternativo de justicia que representa la CRAC.

En el acto en el que participaron familiares de Salgado, esposas, hijas y madres de otros encarcelados de la CRAC como Arturo Campos, Gonzalo Molina, Samuel Ramírez y Bernardino García, Salgado anunció que su lucha afuera de prisión continuará por la libertad de ellos y otros 500 presos políticos de diferentes estados del país.

Peritajes que desmenuzan justicia comunitaria
Para tal planteamiento, Rosalba Aida Hernández Castillo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y antropóloga que junto a su colega Héctor Ortiz Elizondo, realizaron un análisis minucioso, a petición de la defensa de Salgado, sobre los delitos que se le imputaron y explicaron a los jueces el por qué estaban dentro de la justicia comunitaria.

La investigadora explicó que “hay una perspectiva existencialista y limitada de lo que es ser indígena. Lo que consistió el peritaje fue en explicar los principios de la justicia indígena y cómo es el proceso de reeducación al que estuvieron sometidas las gentes que no tiene que ver con el secuestro que se les estaba equiparando (a Salgado)”.

Los antropólogos explicaron que la CRAC, que opera desde hace 20 años en Guerrero se basa en la defensa del territorio indígena y defiende esa identidad, que da a las comunidades la posibilidad a través de la ley 701 de reconocimiento a la cultura de los pueblos originarios y al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de generar su propio sistema de justicia.

La investigadora precisó que de las cuatro causas penales por las que se acusó a la dirigente comunitaria explicaron a los jueces las que tuvieron que ver “con las cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de esta red, un caso de abigeato, y el caso más absurdo de 43 personas que estaban detenidas en la cárcel (comunitaria) por distintas policías de toda la región y solamente una había mencionado el nombre de pasada de Nestora y se le estaban achacando el caso de las 43 personas por secuestro”.

Para la investigadora el que hayan logrado el reconocimiento de ese sistema de justicia, sienta el precedente para que los otros presos políticos puedan salir bajo los mismos argumentos, pues su actuación se dio en el marco de ese sistema, y se les está juzgado bajo la justicia convencional que tiene otras reglas.