De julio de 2013 a junio de 2014, 97.245 migrantes fueron detenidos, por 168.280 de julio de 2014 a junio de 2015, indicó el reporte "Una senda incierta: Justicia por Crímenes y Violaciones a los Derechos Humanos contra Migrantes y Refugiados en México". EFE/Archivo

El plan Frontera Sur de México causó un aumento de 73 % en la cifra de aprehensiones de migrantes entre julio de 2014 y junio de 2015 en comparación con el mismo periodo precedente, acompañado por un incremento de las violaciones a los derechos humanos de estas personas, reveló hoy un estudio.
De julio de 2013 a junio de 2014, 97.245 migrantes fueron detenidos, por 168.280 de julio de 2014 a junio de 2015, indicó el reporte "Una senda incierta: Justicia por Crímenes y Violaciones a los Derechos Humanos contra Migrantes y Refugiados en México".
Las organizaciones no gubernamentales participantes en el informe, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), indicaron que el programa ha incrementado significativamente las operaciones migratorias, así como las aprehensiones y deportaciones.
Esto a su vez ha derivado en un aumento de las violaciones a los derechos humanos de estas personas, añadió el reporte.
"Estas operaciones migratorias son conducidas cada vez más en conjunto con las fuerzas de seguridad mexicanas, y los albergues para migrantes han documentado secuestros, extorsiones, robos y abusos por todo el país", expuso.
El documento resaltó que en 2014, año en que fue anunciado el plan Frontera Sur, el Instituto Nacional de Migración (INM), la principal agencia encargada de aplicar el programa, ejerció el mayor presupuesto de su historia, y que este incremento va de la mano con un aumento de las aprehensiones.
Por su parte, apuntó, el Gobierno de Estados Unidos ha brindado apoyo político y financiero a su contraparte mexicana para acciones migratorias, especialmente a raíz de la oleada de migrantes, principalmente niños no acompañados y familias de Centroamérica que llegaron a la frontera suroeste estadounidense.
De acuerdo con el reporte, los esfuerzos del Gobierno mexicano para fortalecer la protección a los migrantes se han quedado cortos, y no hay evidencia de que quienes han sido víctimas de crímenes y violaciones a sus derechos humanos tengan un acceso efectivo a la justicia, pese a la creación de fiscalías especializadas.
"Los datos más detallados son de la fiscalía especializada en Oaxaca, la cual reporta que de las 383 quejas recibidas en cuatro años, solo 96 resultaron en una averiguación preliminar y apenas cuatro derivaron en sentencias para los perpetradores", anotó.
También subrayó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) solo tiene 15 oficiales de protección en todo el país para asegurar el acceso a la protección internacional a más de 100.000 migrantes detenidos al año, y que el presupuesto de esa agencia no creció en términos reales de 2014 a 2015.
Dado este contexto, el documento hace recomendaciones concretas a diversas agencias gubernamentales.
Al INM le recomienda fortalecer la supervisión interna y la rendición de cuentas para evitar abusos contra migrantes en el contexto de las operaciones migratorias, específicamente a través del establecimiento de una Unidad de Asuntos Internos.
A la Secretaría de Gobernación (Interior) le pide promover una estrategia nacional para la aplicación y el monitoreo del Programa Especial de Migración 2014-2018, que incluya como elemento central un financiamiento suficiente.
Asimismo, sostiene, el presupuesto de la Comar debe aumentar proporcionalmente a las mayores necesidades de la población migrante para que cada individuo que lo desee tenga la oportunidad de contar su historia a un funcionario especializado en asilo.
El reporte es resultado de la colaboración de WOLA y otras organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y siete albergues para migrantes, incluyendo la Casa del Migrante "Frontera con Justicia" en Saltillo, Coahuila, y el Albergue de Migrantes "Hermanos en el Camino" en Ixtepec, Oaxaca.