Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

Chantaje transportista

Es una verdad evidente que desde hace muchos años los concesionarios del transporte urbano en Tamaulipas han pisoteado la ley a su antojo. La causa ha sido la excesiva tolerancia que han recibido por parte de las autoridades, y la consecuencia de todo ello la han pagado los usuarios cuando reciben un servicio de ínfima calidad pero bastante caro.
Por esa razón, en mayo pasado, cuando el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas a la Ley del Transporte y se publicitó el hecho como la solución para acabar con la anarquía en que está sumido el servicio, dejamos constancia de nuestro escepticismo.
La razón de nuestra desconfianza se basaba en el hecho de que no era la primera reforma que se hacía a la ley.

Otros ejercicios similares se realizaron antes y todas las buenas intenciones de los legisladores no avanzaron más allá del papel.
Dicho en otras palabras, nunca se concretaron esas reformas en la realidad.
Pues bien, éste fin de semana reciente, en Nuevo Laredo, cerca de 300 concesionarios del transporte público dejaron sin servicio a cerca de 40 mil ciudadanos a manera de chantaje para las autoridades del transporte.
Por un lado querían que no los sancionaran por haber aumentado arbitrariamente la tarifa días antes, y por el otro exigían que se oficializara el incremento.
Y si, nuevamente los transportistas se salieron con la suya.

Este miércoles la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), anunció oficialmente un aumento de un peso a la tarifa en todo el Estado, pero adelantó además que a partir del primer día de enero se aplicará un incremento similar.
Ese es y ha sido el problema de los mexicanos: la impunidad.

La autoridad no aplica la ley y con ello se pierde el sentido social que le dio origen. Por esa misma razón otras reformas no han funcionado.
Pero hay algo peor; la impunidad opera como una especie de espiral que contamina todos los ámbitos sociales porque el mensaje que se manda a la ciudadanía es de que se puede infringir la ley y no habrá castigo por ello.
Incluso, pareciera que, por el contrario, es posible que el resultado de violar la ley sea un premio, como les sucedió a los prestatarios del transporte público de Nuevo Laredo, quienes en vez de un castigo les concedieron su capricho de autorización de aumento al costo del pasaje.
Esperemos que el chantaje transportista no vaya a ser replicado en otros ámbitos.
EL RESTO.
Por cierto, ahí mismo, en Nuevo Laredo, el alcalde Carlos Enrique Canturosas Villarreal, enseñó sus buenos oficios políticos.
Resulta que el edil consiguió terminar con un paro de 16 horas en las actividades de la Aduana del Puente Comercio Mundial, que impedía el intercambio comercial con Estados Unidos.
El conflicto había iniciado a las 10 horas del martes, cuando un numeroso grupo de camioneros se inconformó porque la administradora de la Aduana, Claudia Josefina Lagos Galindo, ordenó la colocación de durmientes de concreto que impedían el tránsito de los vehículos vacíos hacia Estados Unidos, obligando de esa manera a las unidades a incorporarse a los módulos de revisión.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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