Agencia Reforma,

MEXICO, DF 13-Abr.-

Información de la Subprocuraduría de Servicios de la dependencia, advierte que la empresa que ha permanecido todos los años en el primer lugar de denuncias ha sido la CFE, con 67 mil 961 quejas en este lapso.

En segundo lugar se encuentra Nextel, con 20 mil 64 y en tercero Telcel, con 18 mil 986 denuncias, en tercero.
Entre estos años, Iusacell y Dish ocupan el cuarto y quinto lugar en quejas con 13 mil 761 y 13 mil 456 denuncias, respectivamente.

Mientras que Telmex obtuvo 10 mil 964 en el mismo lapso y tiene la sexta posición.
La Profeco publicó estos datos a través de la Subprocuraduría de Servicios, donde a demás se dan a conocer más de 500 mil registros de quejas a nivel nacional.

En este sitio posteriormente se hará público el registro de casas de empeño para que los consumidores tengan una mejor orientación.
Según la Procuraduría, este es un ejercicio de transparencia, dado que el comportamiento comercial de los proveedores es uno de los principales motivos de duda a través de acceso a la información.
En la página de internet de Profeco se especifica que el año pasado, el monto total reclamado por los consumidores fue de mil 325 millones de pesos, de los cuales se recuperaron 795.3 millones de pesos.
La Profeco atiende al año de 133 mil a 140 mil quejas, sobre todo del sector telecomunicaciones y el energético, particularmente el servicio eléctrico.
Después está el sector turístico, donde se agrupan temas como: agencias de viajes, tiempos compartidos y líneas aéreas.

Le siguen los desarrolladores de vivienda y tiendas departamentales.
Debido a que las empresas de telecomunicaciones son las más denunciadas por los consumidores, la Profeco en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones planean un sistema de atención conjunta de reclamaciones, para evitar que haya una doble ventanilla.
"Los ciudadanos no tienen por qué saber si su situación de consumo o su molestia deriva en una sanción del instituto o adicionalmente en una queja ante la institución.

El nos plantea un problema de consumo, y somos nosotros las autoridades quienes debemos de determinar si el instituto sanciona independientemente de un procedimiento conciliatorio, o si ambas instituciones también pueden sancionar como tales", señaló la subprocuradora de servicios, Noreli Domínguez, durante una comparecencia que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.
Señaló que ambas instituciones están trabajando en la emisión de una carta de derechos mínimos de los consumidores que se dará a conocer próximamente.