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EU formaliza denuncia contra Erick Silva Santos

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* Por conspirar para lavar dinero, fraude bancario, fraude por correo y fraude por giro
miércoles, 26 de noviembre de 2014
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REYNOSA, Tam., 25,

AGENCIA / EL UNIVERSAL.-


El ex presidente municipal de Matamoros, Erick Silva Santos, fue denunciado formalmente por el gobierno de Estados Unidos, por conspirar para lavar dinero, fraude bancario, fraude por correo y fraude por giro.

Existe una orden pendiente para su arresto.
En comunicado de prensa difundido por el Consulado de Estados Unidos en México, se informó que la denuncia fue formalizada luego de que el ex alcalde mexicano de extracción priísta ofreciera una conferencia de prensa donde desmentía las acusaciones en su contra.


La denuncia fue presentada por el procurador federal Kenneth Magidson, junto con Janice Ayala, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Antonio, Texas, y Lucy Cruz, agente especial a cargo de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas (IRS-CI).


La acusación preliminar se presentó bajo reserva en el pasado mes de julio en Brownsville, Texas, tras una investigación de un año.

Fue hecha pública el 10 de noviembre, posteriormente a la presentación de una moción en una corte federal en McAllen.
Silva, de 44 años, es acusado de conspirar para lavar dinero, fraude bancario, fraude por correo y fraude por giro.


Silva se postuló para presidente municipal en la ciudad fronteriza de Matamoros en 2007. Fungió como alcalde de 2008 a 2010, con un salario anual aproximado de 100 mil dólares.


Según el texto de la acusación, empezando en el 2007, Silva utilizó diversos ardides para malversar contribuciones de campaña, recibir sobornos y defraudar a Matamoros de fondos públicos.


La acusación alega que Silva transfirió esos dineros a cuentas bancarias de Estados Unidos mediante giros o depósitos. Durante el proceso, se alega, Silva hizo declaraciones falsas a funcionarios de banco y, en algunos casos, presentó comprobantes falsos.


Luego utilizó dichos fondos para invertir en certificados de depósito en Estados Unidos, y en inversiones en Bermuda.
En la actualidad Silva no está bajo custodia de Estados Unidos, y existe una orden pendiente para su arresto.


Se pide que cualquier persona que cuente con información respecto a su paradero se comunique con la Oficina de Seguridad Nacional de EU al 956-542-5811.

Desde México, las personas deberán marcar el 001-800-010-5237.
"Los agentes especiales de la HSI frecuentemente investigan enredos financieros complejos con el fin de interferir con operaciones en progreso de organizaciones criminales transnacionales y desmantelarlas", dijo Janice Ayala.


"Estas investigaciones niegan a las organizaciones la posibilidad de gozar de los frutos de estos ilícitos, y evitan que puedan avanzar en su empresa criminal.

La HSI continuará investigando de manera agresiva engaños financieros que ponen en riesgo la integridad de nuestro sistema financiero".
De ser encontrado culpable de fraude por correo o por giro, Silva estará sujeto a una sentencia de hasta 20 años en una prisión federal.

El fraude bancario conlleva una posible sentencia de un máximo de 30 años.
La acusación también incluye un aviso de pérdida de bienes.

Algunos de los bienes mencionados en la acusación ya han sido incautados por el gobierno mediante recursos de abandono civil de propiedad presentados durante el curso de la investigación, entre los que se incluye una residencia en Brownsville, y una inversión en Bermuda por un valor aproximado de 2.8 millones de dólares.


La investigación que llevó a la acusación fue llevada a cabo por la Fuerza de Trabajo de Aplicación de las Leyes Antidrogas y Crimen Organizado en McAllen, Brownsville y Corpus Christi, e incluyó a agentes de la HSI y el IRS-CI.


También hubo colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, y el gobierno de Estados Unidos reconoce con gratitud la significativa asistencia del gobierno de Bermuda para dicha investigación.


Los subprocuradores federales Jesse Salazar, Julie K. Hampton y Christopher Sully tienen este caso a su cargo.

 

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