El contralor Interno de Pemex, Daniel Ramírez Ruiz, en reunión con la comisión de Oceanografía del Senado, dijo que la empresa productiva del Estado es una de las acreedoras principales, de la compañía proveedora, y afirmó que no hay daño patrimonial hasta el momento contra Petróleos Mexicanos (Pemex).
La reunión, presidida por Lisbeth Hernández Licona (PRI), arrojó que el caso Oceanografía, que para la Procuraduría General de la República (PGR) era un fraude entre privados, adquirió la dimensión de un asunto de interés público, ya que Daniel Ramírez Ruiz confirmó que Pemex figura como segundo principal acreedor, después del IMSS.
Mario Delgado (PRD) dijo que es de primera importancia que el contralor Ramírez Ruiz reporte a Pemex en la lista de primeros acreedores de Oceanografía, de manera que el asunto cobra la connotación de fraude al patrimonio público.
Aquí se debe poner por encima de todo el interés público, porque el gobierno no está como se ha dicho para proteger el empleo de alguna empresa; está para proteger el interés público.
Esta información cambia completamente la narrativa que ha tenido el gobierno en el caso de Oceanografía, remarcó Mario Delgado.
Daniel Ramírez Ruiz -inhabilitó a Oceanografía para concursar por contratos federales por un año, nueve meses y once días, e impuso una multa por 24 millones 31 mil 974 pesos-, dio cuenta a los senadores que en los litigios se han impuesto penas convencionales a la empresa de Amado Yáñez por 525 millones de pesos.
Subrayó que en el volumen de contrataciones de Pemex Exploración y Producción, el manejo de Oceanografía representa 0.28% del total, equivalente a cuatro mil millones de pesos.
Explicó entonces que no hubo daño patrimonial por los ilícitos cometidos en Oceanografía, de 2006 a 2014, pues Pemex realizó 500 mil contratos, mientras que la empresa proveedora operó 82 contratos, ni siquiera 0.3% del total.
Ante ello, la senadora Dolores Padierna (PRD) dijo: Quizá cuatro mil millones de pesos para usted sea una propina, pero no es cualquier cosa”.
El contralor señaló que de los 82 contratos que se adjudicaron a Oceanografía, 43 fueron auditados y se documentaron anomalías, como obras no realizadas, pagos sin actas, uso de documentos apócrifos, presentación de fianzas por menos del 10% del monto que debía exhibirse, entre otras transgresiones a la ley y a las normas.