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La entrega se realizó en la base Hernán Acosta Mejía, de la Fuerza Aérea de Honduras, en Tegucigalpa. Los cuerpos fueron recibidos por la viceministra hondureña de Relaciones Exteriores, Diana Valladares, en una ceremonia con la participación de autoridades de México y de Honduras.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras informó a EL UNIVERSAL que "el arribo se logró gracias a la colaboración del gobierno de México y de las gestiones" de la Dirección de Asuntos Consulares y Política Migratoria de la cancillería honduras, en coordinación con la embajada de Honduras en México y el consulado de Honduras en San Luis Potosí.
Al recibimiento acudieron familiares de las víctimas, así como Roberto Herrera Cáceres, comisionado de Derechos Humanos de Honduras; el embajador de México en Tegucigalpa, Víctor Hugo Morales, y funcionarios de la cancillería hondureña.
En lo que se consideró como una criminal acción con un mensaje intimidatorio para las organizaciones rivales, del crimen organizado se atribuyeron la "Masacre de Cadereyta" con una manta que dejaron en el sitio del hallazgo de los cuerpos, todos decapitados y sin las extremidades inferiores y superiores, lo que complicó el proceso de identificación.
La matanza, por la que hay dos integrantes presos, fue precedida por un par de hechos similares atribuidos a ese cártel mexicano y que se registraron en el poblado de San Fernando, Tamaulipas, con números centroamericanos asesinados: la primera, con un saldo de 72 muertos, ocurrió entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, y la segunda, que dejó 193 personas fallecidas, se produjo el 6 de abril de 2011.
Las víctimas centroamericanas eran migrantes sin documentos que viajan por tierra, principalmente desde Guatemala, El Salvador y Honduras, a Estados Unidos, vía México.