CJF investigará nexo de magistrado y ''zar de los casinos''

MÉXICO, D.F., mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que a partir de la investigación del periódico EL UNIVERSAL sobre la relación del magistrado de circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Nuevo León, Eduardo Ochoa, y Francisco Salazar, apoderado del llamado "zar de los casinos", y un posible tráfico de influencias, iniciará formalmente una investigación.

El CFJ se comprometió a continuar investigando con firmeza los casos en los que se han visto involucrados funcionarios judiciales federales en actos irregulares relacionados con la actividad de los casinos y que ha derivado en diversas acciones contra éstos en los últimos meses.

Este periódico difundió audios en donde se exhibe el nexo de este magistrado, quien ofreció ayudar con otros jueces, con el apoderado del "zar de los casinos".

Con la nueva investigación se busca recabar todos los elementos que permitan esclarecer conductas contrarias a la administración de justicia.

Y para ello exhortó a los ciudadanos a presentar denuncias o quejas ante la institución para facilitar la indagatoria.
"Adicionalmente a las facultades que este órgano tiene para investigar, exhorta a las autoridades locales y federales, así como a los ciudadanos que puedan verse afectados con este caso y que cuenten con mayores elementos, a presentar denuncias y/o quejas ante esta institución, a fin de dar curso a los procedimientos internos que el CJF cuenta para sancionar y erradicar actos contrarios a la sociedad", se expresa mediante un comunicado de prensa.

El Consejo de la Judicatura Federal, sus integrantes, expresan de manera contundente su rechazo y voluntad para combatir, como lo ha venido haciendo en este tipo de casos, actos comprobados que son contrarios al derecho de los ciudadanos a contar con una justicia federal imparcial, profesional y de excelencia.

Se puntualizó que el CJF tiene convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de que cuenta con sólidas instancias como la Contraloría y las áreas de Vigilancia, Información y Evaluación, para indagar sobre la situación bancaria y patrimonial de los servidores públicos, a fin de obtener datos pormenorizados acerca de probables beneficios ilícitos que se pudieran haber obtenido.